PROPUESTAS AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS


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1 PROPUESTAS AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ARTÍCULO 4. Modalidades de prácticas académicas externas. Las práctica académicas externas serán extracurriculares. podrán ser curriculares y o a) Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes o vinculadas con el Plan de Estudios de que se trate y, por lo tanto, se verán reconocidas en créditos en el ámbito del currículo de las enseñanzas. b) Las prácticas extracurriculares son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su período de formación y que, aún teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante, serán podrán ser contempladas reconocidas en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente. La consideración de si una práctica es curricular o extracurricular debe ceñirse a si está contemplada o no en el plan de estudios. No debe por tanto introducirse el criterio de voluntariedad pues puede haber prácticas como asignatura optativa y, por tanto, voluntaria, dentro del plan de estudios de que se trate y que por tanto deban ser consideradsa como curriculares. Por otra parte, obligar a que toda práctica extracurricular deba ser reconocida en el Suplemento Europeo al Título, según la normativa que se desarrolle al efecto, podría conllevar mayor rigidez a las prácticas y desincentivar su realización. ARTÍCULO 7.2. Convenios de cooperación educativa. 2. Los convenios establecerán el marco regulador de las relaciones entre el estudiante, la entidad colaboradora, la universidad y, en su caso, la entidad

2 gestora de prácticas vinculada a esta última. En sus estipulaciones básicas o en los anexos que las desarrollen deberán integrar al menos: a) El proyecto formativo objeto de la práctica a realizar por el estudiante. b) El régimen de permisos a que tenga derecho con arreglo a la normativa vigente. c) Las condiciones de rescisión anticipada de la práctica en caso de incumplimiento de sus términos. d) En su caso, el régimen de suscripción y pago de seguros, tanto de accidentes como de responsabilidad civil. e) La existencia, en su caso, de una bolsa o ayuda de estudios para el estudiante y la forma de su satisfacción. f) La protección de sus datos. g) La regulación de los eventuales conflictos surgidos en su desarrollo. h) Los términos del reconocimiento de la universidad a la labor realizada por los tutores de la entidad colaboradora. La Universidad podrá reconocer la labor de los tutores de la entidad colaboradora, pero dicho reconocimiento, aun cuando pueda ser aconsejable, no tiene por qué ser obligatorio y por tanto no debe ser un requisito del convenio o su anexo. ARTÍCULO Derechos del tutor de la entidad colaboradora. 1. El tutor de la entidad colaboradora tendrá los siguientes derechos a: a) Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la universidad, en los términos previstos en el convenio de cooperación educativa. b) Ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del Proyecto Formativo y de las condiciones de su desarrollo. c) Tener acceso a la universidad para obtener la información y el apoyo necesarios para el cumplimiento de los fines propios de su función. d) Aquellas otras consideraciones específicas que la universidad pueda establecer. Resulta conveniente simplificar este apartado, dado que podría introducir ciertas rigideces en el sistema de prácticas y costes de supervisión, al reglamentar con detalle una actividad que la propia dinámica de la actividad ordenará: si los tutores en las empresas no reciben reconocimiento de una universidad, no reciben información sobre su normativa, o no tienen acceso

3 a dicha universidad, los tutores sugerirán a sus propias empresas el dejar de acoger estudiantes de dicha universidad que no facilita información y ésta se quedará sin oportunidades de prácticas para sus estudiantes. Además, la responsabilidad de facilitar la normativa de la universidad sobre las prácticas al tutor de empresa, los proyectos formativos, etc no es directamente o únicamente de la universidad sino de los departamentos de recursos humanos de las propias empresas, quienes habrán recibido la información de la universidad al firmar los convenios y sus anexos. ARTÍCULO 11.2, e). Deberes de la entidad colaboradora. e) Emitir los informes intermedio y el informe final a que se refiere el artículo 13 de este Real Decreto. Establecer con carácter obligatorio la existencia de informes intermedios puede representar una carga excesiva para las entidades colaboradoras. Nótese que algunas prácticas duran sólo un mes. Las universidades y sus tutores deben tener la libertad de estipular el tipo y frecuencia de los informes de evaluación que solicitan a la empresa. El Real Decreto debería por tanto establecer la obligatoriedad únicamente de un informe final, pues lo contrario interferiría en la tarea de las universidades y los profesores que deben establecer los métodos de evaluación. ARTÍCULO 13. Informe de seguimiento intermedio e informe final del tutor de la entidad colaboradora. 1. El tutor de la entidad colaboradora realizará y remitirá al tutor académico de la universidad un informe final, a la conclusión de las prácticas, en el que recogerá el número de horas realizadas por el estudiante y en el cual evaluará el nivel de cumplimiento por el alumno de los objetivos fijados podrá valorar los siguientes aspectos referidos, en su caso, tanto a las competencias genéricas como a las específicas, previstas en el correspondiente proyecto formativo: a) Capacidad técnica. b) Capacidad de aprendizaje. c) Administración de trabajos. d) Habilidades de comunicación oral y escrita. En el caso de estudiantes con discapacidad que tengan dificultades en la

4 expresión oral, deberá indicarse el grado de autonomía para esta habilidad y si requiere de algún tipo de recurso técnico y/o humano para la misma. e) Sentido de la responsabilidad. f) Facilidad de adaptación. g) Creatividad e iniciativa. h) Implicación personal. i) Motivación. j) Receptividad a las críticas. k) Puntualidad. l) Relaciones con su entorno laboral. m) Capacidad de trabajo en equipo. n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos. 2. Una vez transcurrida la mitad del período de duración de las prácticas, podrá elaborarse un informe intermedio de seguimiento, cuando así se establezca, de acuerdo con la normativa de cada universidad. Como se ha señalado antes, la obligatoriedad de los informes intermedios puede representar una carga excesiva para las entidades colaboradoras. Asimismo, el detalle de los elementos que deben evaluarse supone una excesiva regulación de los objetivos que debe perseguir una práctica, como ya se ha apuntado. Será suficiente señalar que se evaluarán los objetivos formativos que se hubieran definido según se establece en el art. 6.1 del Real Decreto. Las universidades y sus tutores deben tener libertad para estipular el tipo y frecuencia de los informes de evaluación que solicitan a la empresa, de forma similar a lo que estipulado para otras asignaturas de los planes de estudio. ARTÍCULO 14. Informe de seguimiento intermedio y Memoria final de prácticas del estudiante. 1. El estudiante elaborará y hará entrega entregará al tutor académico de la universidad una memoria final, a la conclusión de las prácticas, en los que deberán figurar, entre otros, los siguientes aspectos con la descripción de las prácticas realizadas y los objetivos de aprendizaje logrados, así como, en su caso, una evaluación de las mismas, todo ello de acuerdo con los parámetros y criterios que la universidad tenga definidos.

5 a) Datos personales del estudiante. b) Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación. c) Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la entidad a los que ha estado asignado. d) Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en relación con los estudios universitarios. e) Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución. f) Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas. g) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 2. El estudiante elaborará, en su caso, un informe de seguimiento intermedio, preferentemente una vez transcurrida la mitad del período de duración de las prácticas, que recoja la valoración del desarrollo del Proyecto Formativo. Como se ha señalado en los puntos anteriores no debería determinarse normativamente la forma de evaluar las prácticas, que resulta excesivamente reglamentista, al igual que no debe detallarse la forma de evaluar los contenidos, aprendizaje y metodología de otras asignaturas del plan de estudios. ARTÍCULO Reconocimiento académico y acreditación. 2. Finalizadas las prácticas externas que tuvieran reconocimiento académico, la universidad emitirá a solicitud del estudiante un documento acreditativo de las mismas que contendrá, al menos, los siguientes aspectos: a) Titular del documento. b) Entidad colaboradora donde se realizaron las prácticas. c) Descripción de la práctica especificando su duración y fechas de realización. d) Actividades realizadas. e) Aquellos otros que la universidad considere conveniente.

6 Dicha acreditación deberá emitirse sólo cuando el estudiante lo solicite, como sucede con otras acreditaciones. Debe entenderse en todo caso que, puesto que la universidad siempre podrá determinar aquellos aspectos que estime convenientes en el documento acreditativo, no es necesario reconocer dicha posibilidad, como se hace en el punto e). DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Régimen de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios y en general de las prácticas curriculares del Sistema Educativo Español. 1. Los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social contemplados en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, no serán de aplicación a los estudiantes que realicen prácticas académicas externas curriculares o, a los estudiantes de grado, que realicen prácticas extracurriculares que tengan reconocimiento académico en el Suplemento Europeo al Título. Las prácticas curriculares del Sistema Educativo Español se configuran como actividades académicas integrantes del plan de estudios o que tengan reflejo en el currículo de las enseñanzas de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional. En el caso de las enseñanzas universitarias, mediante su correspondiente reconocimiento en créditos ECTS, hasta un máximo de 60, conforme a lo dispuesto en el art del RD 1393/2007, y que además serán tenidas en cuenta para la obtención del título de que se trate. 2. Serán de aplicación a quienes realicen prácticas académicas externas no incluidas en el apartado 1 los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social contemplados en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, siempre que quienes realicen dichas prácticas cumplan el resto de requisitos establecidos por dicho real decreto, quedando asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. La cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes y profesionales, así como su ingreso, se llevará a cabo aplicando las reglas de cotización correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje establecidas en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado y en sus normas de aplicación y desarrollo, y se aplicarán las

7 mismas bonificaciones y reducciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social que a los contratos para la formación y el aprendizaje. Dado que la propia norma ya define lo que ha de entenderse por prácticas curriculares, todo ello en desarrollo, como indica la exposición de motivos, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, desarrollada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, no parece que deba recogerse de nuevo en la disposición adicional primera la definición de práctica curricular, lo que podría ocasionar nuevos problemas interpretativos y la inseguridad jurídica que se quiere evitar, aspecto también apuntado en la exposición de motivos. Asociación Española de Fundaciones Grupo Sectorial de Fundaciones Universitarias Octubre 2013

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