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1 CONSEJO PERMANENTE OEA/Ser.G CP/doc. 4111/06 2 mayo 2006 Original: español NOTA DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO REMITIENDO RESOLUCIÓN CJI/RES.105 (LXVIII-O/06) PROMOCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Este documento se distribuye a las misiones permanentes y será presentado al Consejo Permanente de la Organización.

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3 - 3-68º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES OEA/Ser.Q 20 al 31 de marzo de 2006 CJI/RES.105 (LXVIII-O/06) Washington, D.C. 28 marzo 2006 Original: español CJI/RES.105 (LXVIII-O/06) PROMOCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, TENIENDO PRESENTE la resolución AG/RES.2072 (XXXV-O/05) aprobada por la Asamblea General de la OEA durante su XXXV período ordinario de sesiones (Fort Lauderdale, junio, 2005), mediante la cual solicitó al Comité Jurídico Interamericano que elabore un cuestionario que será presentado a los Estados miembros de la OEA, sobre la forma en la que su legislación está habilitada para cooperar con la Corte Penal Internacional y que, sobre los resultados de dicho cuestionario, presente un informe al Consejo Permanente, y que éste a su vez lo haga llegar al trigésimo seto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización; TENIENDO EN CUENTA que durante su 68º período ordinario de sesiones (Washington, D.C., marzo, 2006), el Comité Jurídico Interamericano consideró el documento CJI/doc.211/06, Corte Penal Internacional, presentado por el relator del tema, doctor Mauricio Herdocia Sacasa, RESUELVE: 1. Agradecer al relator del tema, doctor Mauricio Herdocia Sacasa, por la presentación del documento CJI/doc.211/06, Corte Penal Internacional. 2. Aprobar el documento CJI/doc.211/06, Corte Penal Internacional, y solicitar a la Secretaría General que transmita dicho documento al Consejo Permanente de la OEA para que éste a su vez lo haga llegar al trigésimo seto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización, tal como lo estipula la resolución AG/RES.2072 (XXXV-O/05). 3. Solicitar a los Estados miembros de la OEA, por conducto de la Secretaría General, que aún no hayan respondido el cuestionario elaborado por el Comité Jurídico Interamericano, que completen dicho cuestionario, y a aquellos Estados Partes del Estatuto de la Corte Penal Internacional que hayan cumplido el proceso de aprobación de leyes de implementación de la parte IX y X de dicho Estatuto que remitan al Comité Jurídico Interamericano tal información. 4. Solicitar asimismo a los Estados que hayan concluido el proceso de aprobación de leyes que incorporen, modifiquen o adicionen los tipos penales consagrados en el Estatuto de Roma, que brinden dicha información actualizada al Comité Jurídico Interamericano. 5. Asimismo solicitar a los Estados Partes del Estatuto de Roma informar sobre cualquier otra reforma que habilite la cooperación con la Corte Penal Internacional. 6. Mantener en su agenda, dentro de los temas en consideración, el asunto relativo a la Promoción de la Corte Penal Internacional, y solicitar al relator del tema, doctor Mauricio Herdocia Sacasa que, en la medida en que se reciba nueva información por parte de los Estados miembros de la OEA con relación a los puntos 3, 4 y 5 de esta resolución, presente un informe actualizado en el próimo período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano.

4 - 4 - La presente resolución fue aprobada por ounanimidad en la sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2006 por los siguientes miembros: doctores Mauricio Herdocia Sacasa, Jean-Paul Hubert, Luis Marchand Stens, Galo Leoro Franco, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Antonio Fidel Pérez, Jaime Aparicio y José Manuel Delgado Ocando.

5 - 5-68º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES OEA/Ser.Q 20 al 31 de marzo de 2006 CJI/doc.211/06 Washington, D.C. 27 marzo 2006 Original: español CORTE PENAL INTERNACIONAL (presentado por el doctor Mauricio Herdocia Sacasa) I. MANDATO Y ORIGEN DEL INFORME 1 La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante resolución AG/RES (XXXV-O/05) del 7 de junio del 2005 en su acápite resolutivo 6 decidió Solicitar al Comité Jurídico Interamericano que elabore un cuestionario que será presentado a los Estados miembros de la OEA, sobre la forma en la que su legislación está habilitada para cooperar con la Corte Penal Internacional y que, sobre los resultados de dicho cuestionario, presente un informe al Consejo Permanente, y que éste a su vez lo haga llegar al trigésimo seto período ordinario de la Asamblea General de la Organización. Sobre esta base, durante su 67 o período ordinario de sesiones celebrado en agosto de 2005, el Comité Jurídico Interamericano aprobó la inclusión en su temario del asunto: Promoción de la Corte Penal Internacional. El documento final del Cuestionario Relativo a la Corte Penal corresponde a las siglas CJI/doc.198/05 rev.1, el cual fue aprobado por la resolución CJI/RES.98 (LXVII-O/05), en atención al mandato emanado de la Asamblea General. Dicho Cuestionario cubre tanto a los Estados Partes del Estatuto de Roma como a aquellos que no lo son. El cuestionario fue contestado por 17 países, de los cuales 11 son Partes del Estatuto de Roma que son: Canadá, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Méico, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Brasil y Paraguay; y 6 no son Partes del Estatuto de Roma que son: Surinam, El Salvador, Nicaragua, Chile, Guatemala y los Estados Unidos de América 2. II. SITUACIÓN GENERAL DEL ESTATUTO DE ROMA 3 El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional se hizo en Roma, el 17 de julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio de Eisten actualmente 139 signatarios del Estatuto, de los cuales 25 pertenecen al sistema interamericano. De las 100 ratificaciones o adhesiones a nivel mundial, casi un 25 por ciento corresponden a Estados miembros de la OEA. Los países del sistema interamericano que ya han ratificado o adherido al Estatuto de Roma son 22. Ellos son: Antigua y Barbuda (18 de junio de 2001), Argentina (8 de febrero 2001), Barbados (10 de diciembre de 2002), Belice (5 de abril de 2000), Bolivia (27 de junio de 2002), Brasil (14 de junio de 2002), 1 El presente Informe no pretende ni podría recoger todas las respuestas brindadas por los Estados, sino aquello que ha parecido indicativo para los propósitos fijados en el mandato. 2 Los Estados Unidos de América hicieron reserva a la resolución AG/RES (XXXV-0/05). Epresa, entre otras cuestiones que continuará siendo un firme defensor del principio de responsabilidad por crímenes de guerra, el genocidio y crímenes de lesa humanidad, pero no puede respaldar la Corte Penal Internacional por considerar que tiene graves deficiencias 3 Datos al 14 de noviembre de

6 - 6 - Canadá (7 de julio de 2000), Colombia (5 de agosto de 2002), Costa Rica (7 de junio de 2001), Dominica (12 de febrero de 2001), República Dominicana (12 de mayo de 2005), Ecuador (5 de febrero de 2002), Guyana (24 de septiembre de 2004), Honduras (1 de julio de 2002), Méico (28 de octubre de 2005), Panamá (21 de marzo de 2002), Paraguay (14 de mayo de 2001), Perú (10 noviembre de 2001), San Vicente y las Granadinas (3 diciembre de 2002), Trinidad y Tobago (6 de abril de 1999), Uruguay (28 de junio de 2002), Venezuela (7 de junio de 2000). Trece Estados miembros de la Organización no han ratificado o adherido el Estatuto de Roma. Ellos son: Bahamas, Chile, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, San Kitts y Nevis, Cuba y Surinam. El Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional ha sido ratificado o adherido por los siguientes países: Belice (14 de septiembre de 2005), Canadá (22 de junio de 2004), Guyana (16 de noviembre de 2005), Panamá (16 de agosto de 2004), Paraguay (19 de julio de 2005) y Trinidad y Tobago (6 de febrero de 2003). III. ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE COOPERACIÓN DISPUESTAS EN EL ESTATUTO Parte IX. De la Cooperación Internacional y la Asistencia Judicial Los Estados deben cooperar con la investigación y enjuiciamientos de los crímenes sometidos a la competencia de la Corte. Los Estados deben asegurarse de que el derecho interno contenga los procedimientos para aplicar las formas de cooperación que especifica el Estatuto. Los Estados deberán cumplir con las solicitudes de detención y entrega de personas, según establece el Estatuto y los procedimientos del derecho interno. En los casos de Cosa Juzgada, la Corte determinara si debe admitir la causa, y de ser admisible, el Estado deberá cumplir la solicitud. El Estado Parte autorizará el tránsito por su territorio de una persona que otro Estado entregue a la Corte. Si además de la Corte hay otro Estado requirente de una determinada persona, entonces se le dará prioridad a la Corte, salvo en algunos casos específicos. La Corte podrá solicitar la detención provisional de la persona en caso de urgencia, reuniendo luego las formalidades necesarias. Los Estados deberán cumplir con las solicitudes formuladas por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales siempre que éstas no sean contrarias a la ley del requirente y sirvan para facilitar las investigaciones y enjuiciamientos. La Corte también podrá cooperar con los Estados Partes o no Partes (a petición de los mismos) en los asuntos que constituyan un crimen sometido a la competencia de la Corte o un crimen grave con arreglo al derecho interno del Estado requirente. Parte X. De la Ejecución de la Penal La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados. Las multas u órdenes de decomiso decretadas por la Corte se harán efectivas por los Estados Partes, y de no poder hacerlo, el Estado adoptará medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte. Los bienes, o el producto de venta de los mismos serán transferidos a la Corte.

7 - 7 - IV. ALGUNOS PUNTOS QUE PUEDEN RESULTAR CONFLICTIVOS A manera de antecedentes, es importante reseñar brevemente algunos puntos que se han planteado como fuentes eventuales de conflicto derivadas del Estatuto de cara a las legislaciones internas, a fin de facilitar la comprensión de las respuestas brindadas al cuestionario. Arto COSA JUZGADA Como regla general el Estatuto no permite el doble enjuiciamiento, pero en algunos casos particulares contempla salvedades cuando el proceso en otro tribunal obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, o bien cuando el proceso no hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial, con las debidas garantías procesales que reconoce el Derecho Internacional. La aceptación de las ecepciones al doble enjuiciamiento es uno de los problemas comunes que se han encontrado en la aplicación del Estatuto, muchos países han logrado superarlo pero otros no. En el caso de El Salvador, indica que su Constitución no permite reabrir la Cosa Juzgada. Arto IMPROCEDENCIA DEL CARGO OFICIAL Muchas constituciones regulan también un proceso especial para el enjuiciamiento de personas que tienen un cierto cargo, que opera a veces a manera de inmunidad para la persona, como es en el caso de Jefes de Estado o de Gobierno de ciertos Estados. El Estatuto no hace distinción de cargo oficial, juzga a todas las personas por igual. Las inmunidades y normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, no impiden que la Corte ejerza su competencia. Méico y El Salvador establecen un procedimiento especial para ciertas personas por razón de su cargo. Costa Rica presenta cuestiones constitucionales con relación a este artículo 27 del Estatuto. Arto. 54 Inciso 2. - FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL FISCAL CON RESPECTO A LAS INVESTIGACIONES El Estatuto de Roma le da una gran potestad al fiscal, incluso le permite realizar investigaciones en el territorio de un Estado. Chile comenta los problemas en el ejercicio de ciertas funciones entre el Fiscal nacional con el de la CPI. Arto PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN EN EL ESTADO DE DETENCIÓN Y Arto ENTREGA DE PERSONAS A LA CORTE Este es uno de los puntos que ha planteado más problemas para la ratificación o adhesión y la aplicación del Estatuto por los Estados. En realidad, el Estatuto hace una clara diferenciación entre la etradición y la entrega. La Etradición es referida a una relación entre Estados, en tanto que la entrega es referida a la relación entre un Estado y la Corte. Las Constituciones no suelen hacer este tipo de diferenciación, pero la adopción de este criterio parecería haber facilitado a ciertos Estados que no permiten la etradición de nacionales, la posibilidad de aceptar su entrega eclusivamente a la Corte. Diversas opiniones de las Cortes que ejercen el control Constitucional (Ecuador, Guatemala, Colombia y Costa Rica), en diferentes formas, acogieron una interpretación armónica entre la Constitución y el Estatuto, vista la Corte Penal además, en su dimensión complementaria. Nicaragua y Surinam no permiten la etradición de nacionales, y en el caso de Surinam la etradición de etranjeros es regulada por acuerdos bilaterales y multilaterales. Arto PRISIÓN PERPETUA

8 - 8 - En la legislación interna de una gran parte de los países de América, la Prisión Perpetua no eiste. Esto significa un problema para algunos países, como es en el caso de Nicaragua y El Salvador. Otros países, han superado este problema por medio de reformas a su Constitución, tal como sucede en el caso de Brasil. INDULTOS Y AMNISTÍAS Una incompatibilidad en potencia indicada por el Tribunal Constitucional de Chile, epresaba que la Corte Penal podría desconocer en sus sentencias, indultos o amnistías previamente concedidas por las autoridades competentes. COMENTARIO Como un comentario previo del relator a estos puntos conflictivos, se indica, a manera introductoria, que algunos países como Colombia, no hicieron una reforma puntual a cada una de las diferentes normas que podrían entrar en contradicción con el Estatuto de Roma. En tal sentido, optaron por hacer una reforma global y única que permite que el Estatuto de Roma pueda hacerse valer frente a las garantías contenidas en la Constitución. En efecto, la adición colombiana al Artículo 93 de la Constitución indica que "La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos eclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él." El Salvador también está considerando optar por este tipo de reforma. En el caso de Brasil, algunos de estos temas de posible contradicción generaron debates jurídicos de constitucionalidad. No obstante, la Enmienda No. 45 a la Constitución Federal, situada en el capítulo de los derechos y deberes individuales y colectivos, determina que Brasil se somete a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional a cuya creación haya manifestado adhesión, lo cual confiere pleno apoyo al Estatuto. V. OTROS INFORMES Y RECOMENDACIONES RELACIONADOS CON EL TEMA, EMITIDOS CON ANTERIORIDAD AL MANDATO DADO AL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 1. Informe de la CIDH (1999) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe OEA/Ser.L/V/II.102/Doc. 6 rev., de 16 de abril de 1999, en el capítulo VII, emitió una serie de recomendaciones sobre la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional, con motivo de la celebración de los cincuenta años de la promulgación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esa oportunidad, registró como uno de los más importantes avances del Derecho Internacional Público contemporáneo el establecimiento del principio de la responsabilidad penal del individuo en el orden internacional. Destacó que la Conferencia Diplomática de Roma aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional de carácter permanente. En esa oportunidad, recomendó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que adopten las medidas legislativas y de otra naturaleza que sean necesarias para invocar y ejercer la jurisdicción universal frente a los individuos en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Recomendó, asimismo, a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que no lo han hecho aún que suscriban y ratifiquen el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Por otra parte, en su Resolución No. 1/03 de 24 de octubre de 2003, sobre Juzgamiento de Crímenes Internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió, entre otras cuestiones, las siguientes: Ehortar a los Estados a combatir la impunidad de los crímenes internacionales a través de invocar y ejercer su jurisdicción sobre estos crímenes con base en los distintos tipos de jurisdicciones eistentes. Ehortar a los Estados a adoptar las providencias necesarias para considerar estos crímenes internacionales como delitos que dan lugar a etradición y conceder la etradición de toda persona acusada de haber cometido un crimen internacional o proceder a su juzgamiento

9 - 9 - Ehortar a los Estados a cooperar en la labor fundamental de prevenir, sancionar, reparar y erradicar estos crímenes internacionales. Para ello, en caso que dos o más Estados invoquen su jurisdicción para el juzgamiento de personas acusadas de cometer crímenes internacionales, éstos deberán dar preferencia a aquel Estado cuya jurisdicción sea más óptima para el juzgamiento de tales crímenes. Señalar que el principio de la territorialidad debe prevalecer sobre el de la nacionalidad en los casos en que el Estado donde ocurrieron los crímenes internacionales tengan voluntad de llevarlos a juicio y ofrezca las debidas garantías del debido proceso de los presuntos responsables. Señalar que cuando un Estado no conceda la etradición someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación, juzgamiento, y cuando corresponda, sanción de los responsables. Informe del CJI sobre aspectos jurídicos del cumplimiento en el ámbito interno de las decisiones de tribunales internacionales (2005). Mediante la resolución CJI/RES.67 (LXIII-O/03) el Comité Jurídico Interamericano emprendió un estudio con el tema que finalmente se denominó: Aspectos jurídicos del cumplimiento en el ámbito interno de los Estados de las decisiones de tribunales o cortes internacionales u otros órganos internacionales con funciones jurisdiccionales. El Estudio incluyó un cuestionario que fue enviado a los Estados con una serie de preguntas específicas sobre los distintos tribunales, cortes u otros organismos internacionales con funciones jurisdiccionales. Entre ellas se destacan las tres preguntas referentes a la Corte Penal Internacional que son: 1. Ha ratificado su país el Estatuto de la Corte Penal Internacional? 2. Se ha ofrecido su país para que las condenas a prisión que dicte el tribunal se cumplan en su territorio? 3. Eisten en su país disposiciones constitucionales o legislativas o prácticas administrativas aplicables al cumplimento de sentencias del Tribunal? El informe final sobre el tema Aspectos Jurídicos del Cumplimiento en el Ámbito Interno de los Estados de las Decisiones de Tribunales o Cortes Internacionales u otros Órganos Internacionales con Funciones Jurisdiccionales figura bajo las siglas CJI/doc. 199/05 rev. 1, 15 de agosto del Un total de 20 países contestaron el cuestionario, entre los cuales, Argentina no pudo ser considerada en el Informe debido a que entregó respuesta en fecha más reciente. De los Estados que contestaron ese cuestionario anterior, 14 Estados son actualmente Partes del Estatuto de la Corte Penal Internacional y seis no 4 son Partes. El Informe también concluye que ninguno de los Estados Partes había ofrecido su territorio para el cumplimiento de sentencias de la Corte, aunque dos Estados manifestaron su intención de hacerlo. La respuesta de Argentina indicó que: En el Proyecto de Ley de Implementación del Estatuto presentado por el Poder Ejecutivo nacional en 2002, se preveía el cumplimiento de penas de prisión que dicte el tribunal en el territorio de la República respecto de nacionales. Por último se informa que no se han producido sentencias del Tribunal. 2. Reunión de Trabajo sobre la Corte Penal Internacional (2005) De conformidad con la Resolución AG/RES.2072 (XXXV-O/05) aprobada el 7 de junio de 2005, en Fort Lauderdale, Florida, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) celebró una reunión de trabajo el día 3 de febrero de 2006, con el propósito de promover las relaciones de cooperación entre la OEA y la Corte Penal Internacional. 4 Méico no era Parte en el momento en que se redactó el Informe.

10 En el informe del relator de la Reunión de trabajo sobre la Corte Penal Internacional (CP/CAJP- 2327/06 corr.1) se reseñan una serie de medidas de cooperación que fueron propuestas y que podrían considerar los Estados miembros de la OEA, entre las que cabe destacar las siguientes: El intercambio de información y de documentos entre los Estados y la Corte sobre los delitos que caen bajo su jurisdicción. Ayuda logística como transporte y alojamiento de investigadores, testigos o incluso víctimas de los casos presentados por la Corte. Posibilidad de proporcionar un lugar de detención para las personas condenadas por un crimen internacional 5. Capacitación a funcionarios para que manejen adecuadamente los procedimientos de la CPI; y apoyar la participación de la sociedad civil en el proceso de promoción y consolidación de la CPI. Interrupción del recurso a las leyes de amnistía para estos delitos, dado que facilitan la impunidad y afectan las políticas del Estatuto de Roma y las actividades de la Corte. A esto cabe agregarle también una de las recomendaciones realizadas por el tercer panel: Consolidar la universalidad de jurisdicción en lo que respecta a las víctimas, con independencia de su nacionalidad y de su lugar de residencia. Según el Relator de esa reunión, las principales conclusiones a las que se arribó serían las siguientes: 1. Los delegados epresaron un gran interés en las modalidades mediante las cuales sus Estados pueden cooperar con la CPI. 2. La CPI epresó gran interés en cooperar y establecer vínculos más estrechos con la OEA y los Estados miembros. 3. Los delegados recomendaron que los Estados miembros que todavía no lo han hecho, ratifiquen el Estatuto de Roma y los Acuerdos sobre los Privilegios e Inmunidades y tomen las medidas necesarias para ajustar sus legislaciones nacionales con miras a que dichos instrumentos se hagan plenamente efectivos. 4. Los delegados recomendaron mayor cooperación entre la CPI y la Secretaría General de la OEA. 5. Los delegados epresaron su fuerte deseo de continuar celebrando reuniones de trabajo con la CPI y de velar por la adopción de una resolución de la Asamblea General que apoye esas actividades. VI. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO APROBADO POR EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO ( Tiene su legislación tipificados los crímenes siguientes, establecidos en el Estatuto?: Crimen de Genocidio, Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad?) En lo que respecta al crimen de genocidio, 11 Estados afirmaron tenerlo tipificado en su legislación, en tanto que 6 Estados respondieron negativamente. En cuanto a los crímenes de guerra, 9 Estados afirmaron tenerlo tipificado en su legislación interna, en tanto que 8 respondieron negativamente. En lo relativo a los crímenes de Lesa Humanidad únicamente 6 Estados respondieron afirmativamente, en tanto que 11 Estados respondieron que no tenían tipificados dichos crímenes. (En caso afirmativo, indicar tales definiciones y sus elementos) 5 La Secretaría de la CPI, al parecer, ya habría solicitado a los Estados miembros de la OEA que contemplen la posibilidad de recibir prisioneros para que cumplan sus penas de acuerdo a su sistema penal nacional.

11 Los Estados en sus legislaciones internas tienden a adoptar ciertos elementos de estos crímenes, pero dejan otros sin regular o lo hacen de forma diferente. Algunos países optaron por obviar en su legislación interna la definición eacta del Estatuto, remitiendo su contenido a lo que establecen los convenios internacionales. Un Estado no Parte del Estatuto informó detalladamente sobre ciertas leyes de implementación de convenciones específicas relacionadas con estos crímenes 6. Ciertos países indican que no siempre es posible encontrar una sola norma aplicable al hecho punible, sino que es necesario recurrir a diversas disposiciones en diferentes tetos legales. Otros Estados manifiestan no tener contemplado en su legislación dichos crímenes; sin embargo, afirman que sí han incorporado algunos de los elementos de estos crímenes, citándose, como ejemplo, el caso de los crímenes de guerra, que muchos Estados tienen incorporados en las leyes que regulan sus fuerzas armadas. En el caso del crimen de genocidio, ciertos Estados lo tienen definido con un alcance aparentemente mayor incluso que al que establece el Estatuto 7. Pese a que no todos los Estados tienen tipificados estos crímenes, la inmensa mayoría afirma que están trabajando en la integración de estas definiciones de crímenes que establece el Estatuto en su propio ordenamiento legal interno. (Indicar si el Estado -cuenta o no- con procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación establecidas en la Parte IX (De la cooperación internacional y la asistencia judicial) y X (De la ejecución de la pena), incluyendo -aunque sin limitarse a ellas- las siguientes: La entrega de personas acusadas, incluyendo la implementación de pedidos de arresto provisional; La reunión y presentación de la prueba, tanto documental como testimonial; y La ejecución de mandatos de la CPI: (1) con relación a la propiedad de las personas penalmente responsables, con el propósito de disponer la confiscación de productos de delitos y para la concesión de reparaciones a las víctimas; y (2), allí donde sea aplicable, la ejecución de sentencias.) (Esta pregunta es dirigida a los Estados Partes del Estatuto) Tomando en cuenta los 11 Estados Partes del Estatuto que respondieron el cuestionario sin incluir a los Estados que no han ratificado o adherido al mismo-, se tiene que 3 de ellos (Costa Rica, Canadá y Colombia) afirman tener mecanismos especialmente creados para la cooperación con la CPI, algunos en un grado mayor que otros; 3 Estados (Méico, Bolivia y Brasil) afirman no tener un procedimiento de cooperación especial para la CPI y 5 Estados (Uruguay, Argentina, Paraguay, Ecuador y República Dominicana) parecen sugerir unos con mayor claridad que otros- que si bien no cuentan actualmente con una ley o norma creada específicamente para la cooperación con la Corte, estarían obligados eventualmente a prestarla por intermedio de las autoridades competentes, bajo el marco legal vigente anterior a la ratificación o adhesión al Estatuto. Paraguay indicó, que si bien respondió positivamente, en el Parlamento Nacional se debaten ciertas reformas parciales, tanto al ordenamiento de forma como al de fondo. Costa Rica, estableció normas específicas para la cooperación con la Corte en el ámbito de las autoridades de policía administrativa y judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría e interpretó que lo 6 El Estatuto establece que el genocidio contempla el traslado forzoso de niños de un grupo, pero ciertos Estado, incluyen también adultos. 7 Es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, con la Ley de Implementación de la Convención sobre Genocidio; la Ley de 1996 sobre Crímenes de Guerra y estatutos domésticos diversos sobre la Convención contra la Tortura, entre otros.

12 preceptuado en el párrafo segundo del Artículo 27 del Estatuto (Improcedencia del cargo oficial) no se aplicaría en perjuicio de ciertos artículos de la Constitución Política costarricense. Méico indicó que al día de hoy su legislación no contempla mecanismos de cooperación con la Corte Penal Internacional. No obstante, indicó que se encuentra elaborando la legislación que permitirá cumplir con solicitudes de cooperación con la Corte. Esta tarea se lleva a cabo en dos etapas. La primera cubre el diseño de normas de carácter procesal en tanto que la segunda está referida a la elaboración de normas sustantivas para actualizar su legislación penal. Bolivia indicó que había comenzado el proceso de implementación del Estatuto mediante un proyecto de ley de implementación para la adecuación normativa a su Parte IX (De la Cooperación Internacional y la Asistencia Judicial). Argentina indicó que hasta tanto se sancione la ley de implementación, que contenga un procedimiento especial para regular la cooperación internacional con la Corte, se consideran aplicables de manera supletoria las disposiciones de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal. Dicho cuerpo normativo fue utilizado por el Ministerio de Relaciones Eteriores, Comercio Internacional y Culto, en su carácter de autoridad central en materia de cooperación judicial internacional, para dar curso al pedido de entrega del imputado Milan Lukic, realizado por el Tribunal Penal Internacional para la e-yugoslavia. Dicho pedido ya ha sido concedido por el tribunal competente. La República Oriental del Uruguay informó sobre la eistencia de un proyecto de ley titulado Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de guerra y cooperación con la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), el cual habría ingresado formalmente a la Cámara de Senadores en el mes de noviembre de Ecuador manifestó que ha iniciado un proceso de reformas de carácter legal que se encuentran para aprobación del Congreso Nacional, a fin de contar con una base jurídica de cooperación con la Corte. Canadá indicó que tenía procedimiento aplicable a las formas de cooperación de la Parte IX, no así en relación a la Parte X del Estatuto. Colombia epresó que se está tramitando ante el Congreso el proyecto de ley 225 de 2004, por el cual se dictan normas de cooperación con la Corte. Brasil informó que hay un anteproyecto de ley relativo a la implementación interna del Estatuto de Roma que incluye la cooperación con la Corte. (En caso negativo, indique si su país se dispone a emprender reformas de carácter legal a fin de habilitar su legislación para cooperar con la Corte Penal Internacional.) (Esta pregunta está dirigida a los Estados Partes del Estatuto) En este caso todos los Estados que ratificaron o adhirieron el Estatuto que no tienen procedimientos de cooperación especialmente creados o que necesitan fortalecerlos, indicaron que están trabajando en la inclusión en sus legislaciones de las medidas necesarias para cooperar con la CPI. ( Identificó su país obligaciones particulares incluidas en el Estatuto de Roma que pudieran haber contrariado las disposiciones en su Constitución?) (Esta pregunta es dirigida a los Estados Partes y no Partes del Estatuto) De los Estados Partes del Estatuto, 3 Estados (Colombia, Méico y Brasil) contestaron que sí tenían obligaciones particulares que contradecían su Constitución, en tanto que 8 Estados (Uruguay, Argentina, Paraguay, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y República Dominicana) contestaron que el Estatuto no contenía disposiciones que contrariaran su Constitución. De los Estados que no son Partes del Estatuto, 3 Estados (El Salvador, Nicaragua y Chile) dijeron tener disposiciones contrarias y 2 Estados (Guatemala y Surinam) afirmaron que no eistía contradicción entre sus

13 respectivas Constituciones y el Estatuto. Los Estados Unidos de América consideran la pregunta como no aplicable. (En caso afirmativo, podría indicar qué obligaciones se habían identificado como contradictorias y la naturaleza que tenía dicha oposición?) (Esta pregunta es dirigida a los Estados Partes y no Partes del Estatuto) De los Estados Partes, Colombia manifestó que eistían contradicciones en relación con temas como las inmunidades, la pena de cadena perpetua, la imprescriptibilidad de los crímenes y el principio de la Cosa Juzgada, mismas que habrían sido superadas mediante una reforma Constitucional. Méico presentó los problemas derivados del hecho que su Constitución no permitía el doble juicio (Arto. 20 del Estatuto Cosa Juzgada ); el levantamiento de inmunidades y privilegios de ciertos funcionarios (Arto. 27 del Estatuto Improcedencia del Cargo ) y la cadena perpetua; (Arto. 77 Prisión Perpetua). Aunque la legislación de dicho país no se refiere a la entrega de personas a tribunales internacionales, se trataba de una omisión que si bien no era en sí contraria a la Constitución, de no subsanarse habría generado problemas de aplicación. Brasil enumeró los temas de la entrega de nacionales, la cuestión de inmunidades y la Prisión Perpetua, destacando que la Enmienda Constitucional 45 confiere apoyo Constitucional al Estatuto de Roma. De los Estados que no son Partes del Estatuto: Las contradicciones que se plantearon fueron: prohibición de etradición de nacionales (2 Estados); prohibición de penas perpetuas (1 Estado), procedimientos especiales por cargo oficial (1 Estado); indultos y amnistías (1 Estado); contradicciones entre las funciones del Fiscal Nacional con el Fiscal de la CPI (1 Estado). El Tribunal Constitucional de un Estado dijo que contradecía la Constitución dado que la CPI establece una jurisdicción que puede ser correctiva y sustitutiva. Un Estado epresó que la pregunta no le era aplicable. ( Tiene usted conocimiento de cualquier otra cuestión de naturaleza legal que podría llegar a afectar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Estatuto?) En caso afirmativo, podría indicar cuáles son esas cuestiones? (Esta pregunta es dirigida a los Estados Partes y no Partes del Estatuto) De los Estados Partes en el Estatuto: Colombia declaró, al depositar el instrumento de ratificación del Estatuto y en relación a los crímenes de guerra, que no acepta la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el Arto. 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por nacionales colombianos o en territorio colombiano. De los Estados no Partes del Estatuto: Nicaragua mencionó que una cuestión legal que afectaría su cumplimiento sería la carencia actual de mecanismos legales de cooperación con los tribunales internacionales. En el caso de Surinam la etradición de nacionales es prohibida y la etradición de etranjeros es regulada por acuerdos bilaterales o multilaterales. ( Su país ha planteado consideraciones o iniciado procedimientos dirigidos a la ratificación o adhesión del Estatuto de Roma?) (Esta pregunta es dirigida a los Estados no Partes del Estatuto) De los 6 Estados no Partes del Estatuto que respondieron al cuestionario, Guatemala y los Estados Unidos contestaron negativamente a esta pregunta. Los demás Estados mencionaron que están trabajando en estudios y consultas (Nicaragua) así como en proyectos de reforma (Chile y El Salvador). Surinam indicó su intención de emitir nueva legislación o enmendar la eistente. Chile por ejemplo, epresó que el proceso necesario para la ratificación se inició el 6 de enero de 1999 y el 9 de abril de 2002 se presentó al Congreso Nacional un proyecto de reforma a la Constitución política para reconocer la jurisdicción de la Corte.

14 El Salvador manifestó que sometió a consulta una propuesta de reforma constitucional, inspirada en la fórmula utilizada por Francia y Colombia Eiste algún impedimento de carácter legal para cooperar con la CPI en los casos previstos en el Estatuto para un Estado que no sea Parte? Chile y Surinam respondieron que era necesario establecer acuerdos con la Corte para superar impedimentos de cooperación con el citado tribunal. Estados Unidos de América indicó que el Acta de 2002 para la Protección de los Miembros del Servicio Americano 8 contiene restricciones para la cooperación. Tiene su país comentarios de naturaleza legal adicionales que quisiera agregar? (Esta pregunta es dirigida a los Estados Partes y no Partes del Estatuto) Surinam por su parte formuló comentarios al Estatuto e indicó, entre otras cuestiones, que no es conveniente que el Estatuto limite su jurisdicción únicamente a personas naturales (Arto.25 del Estatuto); agregó, además, que las personas jurídicas deben ser tomadas en consideración; comentó que el instrumento constitutivo de la Corte no define el crimen de agresión ni otros actos inhumanos con características similares. Argentina manifestó que el 23 de junio de 2004 el Senado de la Nación sancionó el proyecto de ley de implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual se encontraría, al momento de enviar el presente cuestionario, a consideración de la Cámara de Diputados. Chile epresó que se encuentra en tramitación ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que penaliza el genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Nicaragua se refirió al nuevo Código Militar y al proyecto de Código Penal aprobado en lo general que contempla el genocidio, Crímenes de guerra y de lesa humanidad. VII. CONCLUSIONES 1. Destaca el gran interés de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos en el tema de la cooperación con la Corte Penal Internacional, lo cual se demuestra fehacientemente por el hecho de que 16 9 Estados respondieron inicialmente el cuestionario elaborado por el Comité, en un plazo relativamente corto (del 13 de septiembre de 2005 al 30 de enero de 2006). Los informes difirieron en el grado detalle con que abordaron los asuntos de cooperación con el Tribunal. 2. El número de respuestas recibidas en total (17), si bien no permite ofrecer conclusiones universales definitivas, si es suficientemente significativo y amplio como para mostrar ciertas tendencias y elementos indicativos valiosos y de gran utilidad para analizar, aunque en términos generales, el grado de habilitación de dichas legislaciones nacionales para la cooperación con la Corte en un número importante de Estados miembros de la OEA. 3. La mayoría de los Estados tiene incorporado en su legislación el crimen de genocidio y un número menor de Estados ha incorporado los crímenes de guerra. Los crímenes de lesa humanidad representan el menor número de tipificaciones en la legislación interna de los Estados que respondieron el cuestionario, lo cual parece indicar un problema más complejo en el proceso de adecuación de las legislaciones en relación a estos últimos. 4. En el caso de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, algunas de las definiciones proporcionadas por los Estados están frecuentemente dispersas en sus legislaciones y no necesariamente cubren la etensa gama del Estatuto de Roma. 8 The American Service Members Protection Act of 2002, Title II of Public Law (22 U.S.C sec.7421 et seq.). 9 Adicionalmente un país entregó el cuestionario después de esta fecha.

15 Aunque resulta claro que no todos los países han incorporado en sus legislaciones internas los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, las respuestas al cuestionario reflejan claramente que una mayoría está trabajando en la integración o ampliación de estas definiciones en su legislación interna. 6. Una buena parte de los Estados Partes del Estatuto que respondió al cuestionario, ha epresado que cuenta con normas para implementar la cooperación con la Corte, ya sea que hayan sido elaboradas especialmente o bien porque consideran que la legislación vigente les permite, en todo caso, cooperar con el Tribunal. Se recalca entonces el hecho de que para algunos Estados Partes del Estatuto la falta de legislación específica no parecería impedir necesariamente su capacidad de atender las solicitudes de cooperación de la Corte bajo el orden legal ya eistente, en tanto se realizan las reformas correspondientes. 7. En el caso de los Estados Partes del Estatuto que no disponen aún de una legislación especialmente creada para implementar la cooperación con la Corte, todos han epresado tener en curso procesos de formación de la legislación correspondiente, en diversos grados de tramitación. 8. Para resolver los problemas de colisión constitucional que plantea el Estatuto a juicio de algunos Estados, se recurrió a ciertos mecanismos que es útil tener en cuenta para el caso de los Estados que no son todavía Partes del Estatuto. Algunos de estos mecanismos han sido: a) Una sola reforma constitucional global que supera toda contradicción u oposición, acompañada o no de declaraciones interpretativas. b) Solicitud a los respectivos órganos de control de constitucionalidad de un dictamen, declaración u opinión que permitió, en algunos casos la simple interpretación conforme del Estatuto y la Constitución y, en un caso, el requerimiento directo de una reforma Constitucional previa. c) Estudios y consultas que permitieron la ratificación o adhesión directa, sin mayores inconvenientes. 9. Sería útil solicitar a los Estados miembros de la OEA que contemplen la posibilidad de completar el cuestionario elaborado por el Comité Jurídico, en el caso de los Estados que no lo hayan respondido. Sería igualmente útil que los Estados Partes del Estatuto que hayan culminado el proceso de aprobación de leyes de implementación de las Partes IX y X del Estatuto provean al Comité Jurídico Interamericano de tal información actualizada. 10. Esta misma recomendación es aplicable a todos los Estados que culminen el proceso de aprobación de leyes que incorporen, modifiquen o adicionen los tipos penales consagrados en el Estatuto de Roma, brindando al Comité Jurídico la información actualizada. 11. Se sugiere la conveniencia de que el Comité Jurídico mantenga en agenda, dentro de los temas en consideración, el asunto relativo a la Promoción de la Corte Penal Internacional y que el Comité Jurídico, contando con la información prevista en los puntos 9 y 10 de estas conclusiones si así se decide, presente un informe actualizado que cubra tanto la nueva información que brinden los Estados que ya han respondido al Cuestionario, así como la información proporcionada por los Estados que aún no lo hayan hecho. 12. Dado el carácter complementario de la jurisdicción de la CPI, en relación a las jurisdicciones penales nacionales, destaca la importancia incluso como forma de cooperación (en sentido amplio) y de facilitación del trabajo de la Corte del fortalecimiento de la propia jurisdicción nacional. Ello implica la tipificación adecuada de los crímenes previstos en el Estatuto en los Códigos Penales nacionales y la habilitación del ordenamiento legal interno para el juzgamiento de los mismos, en sede nacional. 13. Se destaca el valor, en sí mismo, de las respuesta brindadas al Cuestionario presentado por el Comité Jurídico, en la medida en que permite disponer de información actualizada y compartir acciones y medidas de orden legal que podrían beneficiar favorablemente a los Estados en sus esfuerzos de habilitar las legislaciones internas para cooperar con la Corte, en su sentido amplio.

16 Se agradece a los Estados miembros que han respondido el cuestionario, hasta ahora, por su colaboración con el Comité Jurídico Interamericano en cumplimiento del Mandato recibido de la Asamblea General de la OEA.

17 ANEXO I 10 CRIMEN DE GENOCIDIO IGUAL SIMILAR CON DIFERENCIAS POCO PARECIDO NO CONTEMPLA No Parte El Salvador Nicaragua Chile Guatemala Surinam Estados Unidos Parte Uruguay República Dominicana Costa Rica Brasil Canadá Argentina Ecuador Bolivia Colombia Méico Paraguay TOTAL El presente Aneo no tiene en modo alguno, el valor de una clasificación, y constituye una simple guía del relator para ordenar los documentos recibidos, en algunos casos voluminosos.

18 ANEXO II 11 CRÍMENES DE GUERRA IGUAL SIMILAR CON DIFERENCIAS POCO PARECIDO NO CONTEMPLA No Parte El Salvador Nicaragua Chile Guatemala Surinam Estados Unidos Parte Uruguay República Dominicana Costa Rica Brasil Canadá Argentina Ecuador X Bolivia Colombia Méico X Paraguay TOTAL Ibid.

19 ANEXO III 12 CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD No Parte El Salvador Nicaragua Chile Guatemala Surinam Estados Unidos Parte Uruguay República Dominicana Costa Rica Brasil Canadá Argentina Ecuador Bolivia Colombia Méico Paraguay IGUAL SIMILAR CON DIFERENCIAS POCO PARECIDO NO CONTEMPLA TOTAL e105ri026 Corte Penal Internacional.doc MHS/Mhl Ibid. CP16212S01

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