COMPENDIO DEL BOLETIN DE JURISPRUDENCIA FISCAL (Mayo a Julio 2008)


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1 COMPENDIO DEL BOLETIN DE JURISPRUDENCIA FISCAL () JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA Los predios ubicados en concesiones mineras estarán gravados con el Impuesto Predial en la medida que se encuentren en zona urbana (30/05/2008) Se declara fundada la apelación de puro derecho interpuesta y se deja sin efecto la resolución de determinación y de multa impugnada. Se indica que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria, en cuanto establece el siguiente criterio: "A efecto de determinar el régimen de afectación del Impuesto Predial de los predios comprendidos o ubicados en concesiones mineras, resulta de aplicación el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N EM, publicado el 3 de junio de 1992, precisado por Decreto Legislativo N 868, régimen que se mantiene vigente a la fecha. En ese sentido, los predios ubicados en concesiones estarán gravados con el citado Impuesto en la medida que se encuentren en zona urbana. Se indica que en el caso de autos, la Administración no ha acreditado en autos que se haya efectivizado el referido procedimiento de habilitación urbana, que pueda dar la calidad de urbano a los predios de la recurrente comprendidos o ubicados en concesiones mineras, por lo que la determinación del citado tributo efectuada en dichos periodos no se encuentra conforme a ley. Se indica que la resolución de multa, girada por la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, al no haberse presentado las declaraciones que contenían la determinación de la deuda tributaria por concepto del Impuesto Predial de 2000 a 2004 dentro de los plazos establecidos, no se ha configurado al haberse determinado que los predios materia de acotación no se encuentran afectos al citado impuesto. EXONERACIONES IMPUESTO A LA RENTA Se confirma la resolución que declaró improcedente la solicitud de inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta. Se señala que los estatutos de la entidad debe establecerse en forma expresa que el servicio de asistencia es prestado por la recurrente en forma gratuita y que los beneficiarios son únicamente quienes no cuenten con medios económicos suficientes (04/07/2008) Se confirma la resolución que declaró improcedente la solicitud de inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta, debido a que los fines consignados en los estatutos de la recurrente no corresponden en su totalidad a los previstos en el inciso b) del artículo 19º de la Ley del Impuesto a la Renta, ya que en los estatutos de la entidades no se ha establecido en forma expresa que el servicio de asistencia es prestado por la recurrente en forma gratuita y que los beneficiarios son únicamente quienes no cuenten con medios económicos suficientes de conformidad con el criterio recogido en las RTF Nº , Nº , Nº ; en tal sentido se señala que el objeto social de la entidad no se circunscribe a uno o más de los referidos contemplados por la ley. Se agrega que el referido estatuto tampoco cumple con la norma respecto al destino de su patrimonio en caso de disolución, pues en tal supuesto según lo establecido en su estatuto, su patrimonio sería transferido a otras instituciones con fines análogos. Tribunal Fiscal 1

2 INGRESOS GRAVADOS Los intereses en suspenso constituyen ingresos gravables de la tercera categoría (27/06/2008) Se confirma la apelada, debido a que los "intereses en suspenso" constituyen ingresos gravables de la tercera categoría para efectos del Impuesto a la Renta, y en consecuencia deben de reconocerse como ingresos en el ejercicio comercial en el que se devenguen, debiendo también considerarse en la determinación de los pagos a cuenta del impuesto en mención, en tal sentido, la recurrente debió incluir los intereses por créditos vencidos y en cobranza judicial, así como los intereses por créditos refinanciados, en la determinación de sus pagos a cuenta del impuesto a la Renta, conforme al criterio establecido por este Tribunal en la Resolución Nº PÉRDIDAS ARRASTRABLES A partir de la vigencia de la Ley N está prohibido imputar pérdidas tributarias transferidas provenientes de un proceso de reorganización de sociedades, debido al principio de aplicación inmediata de las normas (09/05/2008) Se confirma la apelada, debido a que según lo establecido por los artículos 103 y 109 de la Constitución Política del Perú de 1993, la Norma X del Título Preliminar del Código Tributario y el artículo III del Título Preliminar del Código Civil, las normas rigen a partir del momento en que empieza su vigencia y carecen de efectos tanto retroactivos -antes de dicho momentocomo ultractivos -con posterioridad a su derogación-, adoptándose por tanto el criterio de aplicación inmediata de las normas, de acuerdo con el cual las normas son aplicables a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tienen vigencia, y como se puede advertir en el presente caso la pérdida tributaria reparada para el ejercicio 2001 se originó en la fusión por absorción celebrada en diciembre de 2000, hecho cuya realización se dio con una normatividad que permitía el ejercicio de una facultad -la imputación y arrastre de tales pérdidas-, sin embargo, posteriormente fue modificada prohibiéndose su empleo. En tal sentido, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico y el principio de aplicación inmediata de las normas, la prohibición de la facultad de imputar pérdidas tributarias provenientes de un proceso de reorganización de sociedades o empresas debe aplicarse a los hechos ocurridos, así como a las consecuencias de hechos anteriores que se producen a partir de la vigencia de la norma que dispuso tal impedimento, por lo tanto la modificación introducida por la Ley N 27356, vigente desde el 1 de enero de 2001, resulta aplicable a la imputación de las pérdidas tributarias transferidas que se pretendían aplicar para la determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría del ejercicio Se repara el arrastre de pérdidas debido a que las operaciones registradas en la cuenta 60 no afectan directamente a resultados por lo que es necesario que la Administración verifique las referidas operaciones (09/05/2008) Se revoca la apelada, en el extremo referido a los reparos a la pérdida tributaria arrastrable de ejercicios anteriores, a las operaciones registradas en la Cuenta 60. Se señala que considerando la pérdida arrastrable y la declarada por la recurrente por el monto de S/ ,00, constituye materia de reparo el importe de la pérdida utilizada en exceso, es decir, el monto que asciende a S/ ,00, y en tanto éste no concuerda con el consignado por la Administración en la Resolución de Determinación Nº , procede que la Administración lo verifique, y de ser el caso, lo reliquide en concordancia con lo antes expuesto. Se agrega que este Tribunal en reiterada jurisprudencia, como en la Resolución N , ha establecido que no es razonable que se repare directamente operaciones que se hayan registrado en la Cuenta 60 - Compras, sin acreditarse que dichas adquisiciones influyeron también en la determinación de la renta neta del período bajo revisión. En este sentido, resultaba necesario que previamente a la formulación del reparo la Administración verificara si lo anotado dentro de la referida Cuenta 60, afectó o no a la renta neta del período, lo cual no se aprecia que hubiera ocurrido en el caso de autos, por lo que el reparo Tribunal Fiscal 2

3 concerniente a dichos cargos a la Cuenta 60 no se encuentra debidamente sustentado, por lo que procede levantarlo. Se confirma en lo demás que contiene. Se señala que de acuerdo con el criterio establecido por la RTF Nº , y teniendo en consideración el inciso a) del artículo 1 del Decreto Legislativo N 797, inciso a) de los artículos 2 y 7 del Decreto Supremo N EF, e inciso f) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, el ajuste efectuado a alguna provisión que no sea deducible para efectos del Impuesto a la Renta, no podrá tener incidencia tributaria y, en consecuencia, no podrá ser deducida. RÉGIMEN ESPECIAL Quien no se incorpora válidamente al régimen especial, permanece en el régimen general. Para acogerse al régimen especial no vasta presentar la declaración dentro del plazo sino que requiere cumplir con el requisito del pago (11/04/2008) Se confirma la apelada. Se señala que al no encontrarse acreditado de autos que el recurrente se hubiera acogido válidamente para el ejercicio 2005 al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, de conformidad con lo previsto por el inciso a) del artículo 120º de la Ley del Impuesto a la Renta, se concluye que por dicho ejercicio se encontraba comprendido en el Régimen General del referido impuesto, por lo que de acuerdo con las normas anteriormente glosadas se encontraba obligado a presentar la declaración jurada anual respectiva. Se señala que se ha revisado de autos que el recurrente no presentó la declaración jurada del tributo correspondiente, a la que esta obligado a presentar, por lo que se encuentra acreditada la comisión de la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 176 del citado Código Tributario. RENTA DE TERCERA CATEGORÍA En ningún extremo del artículo 20º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta se ha establecido que para efectos del Impuesto a la Renta, el costo de adquisición, de producción o valor de ingreso al patrimonio debían estar sustentados en comprobantes de pago (04/03/2008) Se revoca la apelada y se dejan sin efectos los valores impugnados. Se señala que este Tribunal ha señalado en reiteradas Resoluciones, tales como las Nº y , que en ningún extremo de la norma se estableció que para efecto del Impuesto a la Renta, el costo de adquisición, costo de producción o valor de ingreso al patrimonio, debían estar sustentados en comprobantes de pago, emitidos de conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Pago, por lo que la Administración no puede reparar el costo de ventas por este motivo. En tal sentido, y dado que la Administración se limita a sustentar el reparo materia de autos en que las liquidaciones de compra que sustentan el costo declarado no reúnen todas las características propias ni los requisitos que el Reglamento de Comprobantes de Pago establece, procede dejar sin efecto la resolución de determinación y multa cuestionada, esta última al sustentarse en la primera. RENTAS DE FUENTES PERUANA Las rentas que proviene de la explotación de un satélite no son de fuente peruano debido a que no cumple con lo establecido en el artículo 9.c de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir no se presta en el territorio nacional ni se aprovecha económicamente (27/05/2008) Se revoca la apelada. Se señala que conforme al criterio expuesto por este Tribunal en Resoluciones como la Nº y del 19 de junio de 2001 y 15 de julio de 2005, si bien el inciso c) del artículo 9º de la Ley del Impuesto a la Renta considera como rentas de fuente peruana, a las derivadas de servicios prestados por no domiciliados, los Tribunal Fiscal 3

4 mismos deben de ser prestados o desarrollados en el Perú, y en consecuencia los ingresos obtenidos por el servicio prestado por los operadores de satélite (empresas no domiciliadas), no constituían renta de fuente peruana y por tanto la recurrente no se encontraba obligada a efectuar retención alguna por las sumas abonadas a éstas. En tal sentido procede revocar la apelada y dejar sin efecto el cobro de las Resoluciones de Multa. No constituye renta de fuente peruana los servicios satelitales pretados en el espacio exterior. Se encuentra gravada la cesión de uso de cable maríno en la proporción que éste se encuentre en el territorio nacional. Caduca en el plazo de un año la facultad de cobro de la Administración por los tributos no retenidos (30/01/2008) Se revoca la apelada en el extremo referido a la RD emitida por Impuesto a la Renta - retenciones a no domiciliados del 2000, al establecer que la recurrente omitió efectuar las retenciones por las rentas abonadas a empresas no domiciliadas por servicios satelitales y por la cesión en uso de cable submarino, por cuanto se tiene que el operador del satélite brinda un servicio que consiste en poner a disposición una determinada capacidad en él para que las señales alcancen al satélite y retornen hacia las estaciones terrenas que son destinadas, por lo que se concluye que el servicio que presta se desarrolla en el lugar donde se ubica el propio satélite, es decir en el espacio terrestre fuera del territorio nacional y consecuentemente la retribución obtenida por el no domiciliado, no es obtenida por la cesión de bienes tangibles o intangibles, ni producidas por bienes ubicados en el país, por lo que los ingresos por los servicios prestados a la recurrente no constituían renta de fuente peruana, por lo que procede levantar el presente reparo; de otro lado, atendiendo a que parte del cable submarino se encuentra físicamente en el Perú, la contraprestación que recibe la empresa no domiciliada por la cesión del mismo constituye renta de fuente peruana, únicamente en la proporción del cable submarino ubicado en el país, y no por el íntegro de la contraprestación recibida por la no domiciliada, por lo que corresponde levantar el reparo por el indicado exceso. Asimismo, al haber transcurrido el plazo de un año dispuesto por el numeral 2 del artículo 18 del Código Tributario, según el texto modificado por Decreto Legislativo N 953, desde que la recurrente omitió efectuar las referidas retenciones del Impuesto a la Renta de No Domiciliados correspondientes al 2000, su responsabilidad por la parte del reparo que se mantiene en esta instancia, ha cesado; siendo además que la Administración deberá reliquidar las RMs vinculadas, excluyendo la parte levantada en esta instancia. Solicitud de certificación de recuperación de capital invertido. El monto pagado en la adquisición de activos sin utilizar medios de pago indicados no constituye costo computable del mismo por lo que no acredita el capital invertido (13/05/2008) Se confirma la apelada que declaró improcedente la solicitud de certificación de recuperación de capital invertido, debido a que la recurrente adquirió el inmueble mediante contrato de compraventa elevado a escritura pública, no obstante ello al no haber utilizado en dicha transacción medios de pago de acuerdo a lo señalado en los artículos 3 y 4 de la Ley N 28194, el importe de U$68, que figura en el citado documento como contraprestación por el inmueble adquirido no puede ser considerado a efectos de establecer el costo computable del mismo y en consecuencia acreditar el capital invertido. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL INVERTIDO Si la Administración determina el valor nominal de las acciones adquiridas por la recurrente sin existir sustento de haber efectuado la comparación de conformidad con el numeral 4 del artículo 32º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, debe emitir un nuevo pronunciamiento sobre la valorización efectuada (22/04/2008) Se revoca las apeladas, debido a que de la revisión de las mismas se verifica que si bien la Administración ha procedido a establecer como valor de mercado de las acciones adquiridas por la recurrente a un valor nominal de cada acción, equivalente a S/.1.00, ésta no ha señalado sustento alguno para la determinación de dicho valor, no habiéndose efectuado comparación Tribunal Fiscal 4

5 alguna de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 32 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N EF, por lo que procede que la Administración realice las comparaciones que considere pertinentes de conformidad con lo establecido por el numeral 4 del artículo 32 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta antes citado, y emita un nuevo pronunciamiento sobre la valorización efectuada, siendo que una vez determinado el valor a que se debieron transferir las acciones, establezca si el costo computable para efecto de la enajenación de dichas acciones se determinó conforme a ley. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS CRÉDITO FISCAL - REQUISITOS SUSTANCIALES No procede el uso del crédito fiscal por operaciones que no constituyen costo o gasto para renta (09/04/2008) Se revoca la apelada, en el extremo referido al reparo en la determinación del Impuesto a la Renta, respecto por las adquisiciones correspondientes a materiales de construcción, muebles, enseres y/o implementos del inmueble ubicado en Urb. El Silencio. Se señala que respecto al uso al que se destinó las adquisiciones acotadas, cabe indicar que la recurrente no ha sustentado que dichos bienes hayan sido utilizados en actividades vinculadas a la generación de sus rentas gravadas u operaciones gravadas, pese a que fue expresamente requerida para ello. En ese sentido, se concluye que las adquisiciones objeto de controversia no constituyen bienes afectados a la producción de rentas gravadas, situación que no otorga a la recurrente el derecho a utilizar como crédito fiscal el Impuesto General a las Ventas que las gravó, por lo cual procede mantener el reparo al crédito fiscal efectuado por la Administración. Se agrega que del detalle de los gastos de refrigerio presentado por la recurrente, y de las copias de los comprobantes correspondientes, que la mayoría de los consumos se han realizado en distritos distantes a sus oficinas y planta, tales como Miraflores, Surco, Pueblo Libre, Lima, entre otros, situación que aunada al hecho de que dichos consumos son esporádicos, toda vez que las fechas en las que se han incurrido son variables mes a mes, determina que lo aducido por la recurrente al respecto no esté acreditado, lo que evidencia que los gastos acotados no estén sustentados, por lo que estas observaciones deben ser mantenidas. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN La entrega de montos por concepto de depósito en garantía no desvirtúa -hasta la compensación- la naturaleza de compraventa con reserva de propiedad previsto en el contrato y el nacimiento de la obligación tributaria con respecto al IGV (25/03/2008) Se revoca la apelada que en cumplimiento de la RTF N declara infundada la reclamación contra las resoluciones de determinación y resoluciones de multa, debido a que no constituyen operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas la entrega de los denominados "depósitos en garantía", toda vez que se ha acreditado en autos que los mismos no constituyen pagos adelantados o anticipados del precio de venta, por lo que procede se levanten los reparos por dichos conceptos. Debe indicarse que los contratos de compra venta suscritos entre la recurrente y los terceros tienen cláusulas de reserva de propiedad por lo que de acuerdo con el criterio establecido en la RTF N , en el caso de ventas con reserva de propiedad, el hecho imponible se verifica con la mencionada operación de venta y no en el momento en que jurídicamente se transfiere la propiedad. En tal sentido, el hecho de que las partes acuerden que el depósito en garantía se utilice para el pago del bien, no desvirtúa -hasta la compensación- la naturaleza de la venta con reserva de propiedad y el nacimiento de la obligación tributaria con respecto al IGV. Adicionalmente, se indica que dado que las resoluciones de multa están vinculadas a las resoluciones de determinación, también procede que las mismas se dejen sin efecto. Tribunal Fiscal 5

6 OPERACIONES GRAVADAS La concesión de uso permanente de nichos y terrenos para mausoleo no se encontraba gravada con el Impuesto General a las Ventas (31/03/2008) Se declara nula la resolución apelada. Se indica que en cumplimiento de la Resolución N , la Administración emitió la resolución de intendencia respectiva, contra la cual solo procedía apelación y no recurso de reclamación. En ese sentido, la resolución que resuelve el recurso interpuesto contra la resolución apelada que resolvió el recurso de reclamación adolece de nulidad al haber sido emitida sin observar el procedimiento legal establecido. Se revoca la resolución de intendencia emitida en cumplimiento de la Resolución N en el extremo que declara procedente en parte únicamente la devolución de las cuotas del BERT de enero de 1994 a abril de Se indica que la citada resolución únicamente declaró procedente la devolución de los pagos realizados por concepto de las cuotas del BERT de enero de 1994 a abril de 1995 al haberse determinado pagos en exceso como consecuencia de lo establecido en la Resolución N , toda vez que la concesión de uso permanente de nichos y terrenos para mausoleo no se encontraba gravada con el Impuesto General a las Ventas, sin tener en cuenta los intereses correspondientes a dichas cuotas, a pesar de haber sido solicitados en su escrito de 6 de marzo de OPERACIONES NO FEHACIENTES El robo o la sustracción de documentación contable no justifica la falta de presentación de la documentación solicitada cuando a la fecha de inicio de la fiscalización ya había vencido en exceso el plazo de 60 días calendario para rehacer tal documentación (22/07/2008) Se confirma la apelada respecto al reparo al crédito fiscal por no encontrarse sustentado con comprobantes de pago debido a que la recurrente no cumplió con presentar y/o exhibir las facturas que sustentarían dicho crédito fiscal, a pesar de haber sido requerida para tal efecto por la Administración hasta en dos oportunidades. El robo o sustracción de diversa documentación contable y sustentatoria, entre la que se encontrarían algunos comprobantes de pago, alegada por la recurrente, no justifica la falta de presentación de la documentación solicitada, pues a la fecha de inicio de la fiscalización ya había vencido en exceso el plazo de 60 días calendario para rehacer tal documentación. Se revoca la apelada respecto al reparo al crédito fiscal por no encontrarse permitido como costo o gasto debido a que la Administración no ha acreditado que hubiera comunicado los fundamentos de las observaciones detectadas ni le hubiera requerido expresamente a la recurrente que presentara alegatos o medios probatorios a fin de desvirtuar el reparo, lo que atenta contra las garantías mínimas que todo procedimiento administrativo debe observar, por lo que se dispone que la Administración efectúe tales actuaciones a fin de sustentar el reparo. PRORRATA Las operaciones realizadas antes del despacho a consumo no deben ser consideradas al momento de efectuar la prorrata en ese sentido y para dicho efecto no constituyen operaciones no gravadas (17/06/2008) Se revoca la apelada, en el extremo referido al reparo al crédito fiscal por la venta de bienes antes de solicitar su despacho a consumo, dejándose sin efecto las Resoluciones de Determinación N a , y y las Resoluciones de Multa N a , así como en el extremo relacionado a la falta de discriminación de la provisión para cuentas de cobranza dudosa en el Libro de Inventarios y Balances, a su incorrecto tratamiento contable y el realizado por la provisión vinculada a la deuda de Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.. Se precisa que dado que no califican las ventas efectuadas antes de su despacho a consumo, hasta el monto Tribunal Fiscal 6

7 equivalente al valor CIF, como operaciones no gravadas para efecto del referido procedimiento de prorrata, durante el ejercicio 2001 la recurrente no se encontraba comprendida dentro del supuesto del artículo 23 de la norma, en tal sentido no le correspondía aplicar el citado procedimiento previsto en el numeral 6 del artículo 6 del reglamento a efecto de determinar el crédito fiscal, por lo que procede levantar el reparo efectuado, y dejar sin efecto las Resoluciones de Determinación N a , y Se confirma en lo demás que contiene. Se precisa que siendo que la suma reparada corresponde a la diferencia entre la deducción tributaria realizada por la recurrente por S/ ,00 y aquella aceptada por la Administración S/ ,08, y atendiendo a que la recurrente en su escrito de reclamación acepta el reparo por comprobantes de pago y/o documentación duplicada y el reparo por información no identificada y/o que no coincide con la información anotada en el Libro de Inventarios y Balances, y que éstos son los motivos del presente reparo, corresponde en esta instancia confirmar la validez del mismo. SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR Se confirma la apelada. Se señala que la devolución del saldo a favor materia de beneficio a favor del exportador, no se constituye en un pago indebido o en exceso por lo que su devolución no genera intereses moratorios (18/04/2008) Se confirma la apelada que declaró infundada la reclamación que autorizó la devolución materia de beneficio. Se indica que ni el Código Tributario, ni la Ley del Impuesto General a las Ventas, ni el Título I del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, contemplan la aplicación de interés alguno respecto de la devolución del saldo a favor del exportador, lo cual se sustenta en que dicho saldo se genera como resultado de pagos indebidos o en exceso, sino por el contrario, en virtud de la obligación legal del adquirente o usuario del servicio de aceptar el traslado del impuesto de acuerdo con el artículo 38 de la citada ley. Se indica que este Tribunal ha interpretado en las Resoluciones N y , que dado que la legislación tributaria no define lo que debe entenderse como pago indebido, es necesario aplicar el criterio establecido en el artículo 1267 del Código Civil, que señala que son aquellos efectuados como consecuencia de errores de hecho y de derecho. La cesión de uso de derecho de ruta se encuentra gravada con el IGV por tratarse de un servicio. Los servicios complementarios a la cesión de ruta tales como licencia de operación, reloj, guardianía, luz, servicios higiénicos, y otros, deben formar parte de la base imponible del servicio de concesión de ruta, encontrándose gravados con IGV y Renta (26/03/2008) Se confirma la apelada en el extremo referido a los reparos: a) ingresos omitidos por la cesión en uso de derecho de ruta, debido a que constituye una operación gravada con el Impuesto General a las Ventas por prestación de servicios, toda vez que se encuentra comprendida dentro de la definición de servicios, conforme al criterio establecido en las Resoluciones Nº , b) Ingresos omitidos por conceptos de licencia de operación, reloj, guardianía, luz, servicios higiénicos, y otros dado que dichos servicios se han originado en virtud a la cesión de ruta efectuada por la recurrente a sus asociados, tratándose de servicios brindados a efecto del servicio de transporte y en consecuencia constituyen servicios complementarios a la cesión de ruta y en consecuencia deben formar parte de la base imponible del servicio de concesión de ruta, encontrándose gravados con IGV y Renta, c) ingresos por los conceptos de kiosko, alquiler de local comercial y derecho de ingreso, ya que corresponde a prestaciones de servicios brindados por la recurrente que generan ingresos de tercera categoría gravadas con el impuesto, d) ingresos omitidos por los conceptos de administración, despachos, gravamen, tarjetas, cochera, entre otras, toda vez que se tratan de servicios por los cuales se cobra una retribución, encontrándose gravados con el impuesto, e) reversión de ingresos, ya que la recurrente no ha sustentado documentariamente los motivos de ésta, y se revocan: a) ingresos omitidos por arrendamiento a telefónica, dado que si bien el arrendamiento de un espacio en el inmueble de una empresa para la instalación de los teléfonos monederos constituye una prestación de servicios gravada con el impuesto, sin embargo dicho reparo que deberá ser reliquidado ya que la determinación de los ingresos de la recurrente se ha obtenido del importe Tribunal Fiscal 7

8 de llamadas facturadas que incluyen el Impuesto General a las Ventas, lo cual no es correcto, (que incide en IGV y Renta). Los intereses devengados por el servicio de financiamiento otorgado a los usuarios de sus tarjetas de créditos por realizar consumos, no se encuentran gravados con IGV, toda vez que dichos créditos posteriormente son transferidos a entidades del sistema financiero, incluyendo los intereses que se devengarán al vencimiento de las cuotas mensuales y se recibe un pago adelantado por ellos (29/01/2008) Se revoca la apelada que declaró infundadas las reclamaciones formuladas contra las Resoluciones de Determinación emitidas por IGV de enero a diciembre de 2001 e Impuesto a la Renta del 2001, por vacaciones provisionadas y no pagadas, costo de enajenación de muebles por debajo del valor en libros, gastos no sustentados, intereses de financiamiento no gravados y utilización de crédito fiscal que no cumple con requisitos sustanciales y contra las Resoluciones de Multa giradas por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178º del Código Tributario. En cuanto al reparo por vacaciones provisionadas y no pagadas se dispone que la Administración inaplique los intereses y sanciones correspondientes en virtud a la Resolución del Tribunal Fiscal Nº , que constituye precedente de observancia obligatoria. Respecto al reparo por costo de enajenación de muebles, se señala que se encuentra conforme a ley que la Administración haya tomado en cuenta como valor de mercado el valor de la tasación presentada por la recurrente. En cuanto al reparo por gastos no sustentados no se ha acreditado la efectiva prestación de los servicios mediante la presentación de la documentación correspondiente, y se dispone que la Administración reliquide el importe del reparo referido a aquellos servicios cuya realización no se ha cuestionado sino solo su monto por no guardar relación con los demás del ejercicio. Se sigue la misma conclusión respecto al reparo por utilización de crédito fiscal que no cumple requisitos, debido a que se encuentra sustentado en el reparo por gastos no sustentados. En cuanto al reparo por intereses de financiamiento no gravados con el IGV, se dispone que corresponden al servicio de financiamiento otorgado a los usuarios de sus tarjetas de créditos por realizar consumos, siendo que dichos créditos posteriormente son transferidos a entidades del sistema financiero, incluyendo los intereses que se devengarán al vencimiento de las cuotas mensuales y se recibe un pago adelantado por ellos. RUS Quien no se acoge válidamente al RUS permanece dentro del Régimen General del Impuesto a la Renta (18/04/2008) Se confirma la apelada. Se señala que para efecto del acogimiento al Nuevo Régimen Único Simplificado, hasta el 31 de diciembre de 2004, la recurrente debió efectuar la declaración y pago correspondientes al período de agosto de 2004 (mes en que habría iniciado actividades) hasta la fecha de su vencimiento (21 de setiembre de 2004). Se precisa que conforme se indicó antes, el 27 de setiembre de 2004 la recurrente efectuó la declaración y pago antes mencionados, a través del Formulario 1611 N , es decir, vencido el plazo establecido, por lo que al no haber cumplido con acogerse válidamente a Nuevo RUS, se desprende que se encontraba afecta al Régimen General. En virtud de lo expuesto, la recurrente se encontraba obligada a presentar la declaración jurada determinativa del Impuesto General a las Ventas de diciembre de 2004 bajo el Régimen General, y al no haber cumplido con hacerlo la infracción sancionada esta acreditada. Se resuelve inhibirse del pronunciamiento de la apelación en el extremo referido a la conducta de los funcionarios de la Administración Tributaria, y se remiten los actuados a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria a efecto de que proceda conforme a lo señalado en la presente resolución. Se precisa que en cuanto a la conducta de los funcionarios de la Administración y la aplicación de una sanción ejemplar, cabe señalar que ello corresponde ser dilucidado por el superior jerárquico de la entidad respectiva, tal como lo señala el artículo 158 de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N 27444, por lo que al no ser competencia de este Tribunal emitir pronunciamiento al respecto, debe inhibirse de su conocimiento y remitir los Tribunal Fiscal 8

9 actuados a la Administración a fin de que le otorgue al escrito de apelación presentado, en este extremo, el trámite correspondiente, conforme con lo dispuesto por el artículo 82 de dicha ley. BENEFICIOS TRIBUTARIOS No pueden incluirse en el PERTA-AGRARIA deudas tributarias que no tienen como origen la actividad agraria o no están vinculadas a ella, criterio recogido en las RTF y (20/05/2008) Se confirma la apelada que declaró improcedente la solicitud de acogimiento al PERTA- AGRARIA, se señala al respecto que el objetivo del beneficio era propiciar la mejora de las empresas dedicadas a la actividad agraria, otorgándoles facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias derivadas del desarrollo de sus operaciones por lo que no podían incluirse deudas tributarias que no tienen como origen o no están vinculadas a la actividad agraria, como es el caso del Impuesto Predial del predio sobre el cual no se ha acreditado su vinculación con la actividad agraria. Se revoca la apelada en el extremo que declaró improcedente la solicitud de prescripción del Impuesto Predial en atención a que de los actuados se advierte que la Administración ha señalado en forma expresa que la recurrente no presentó las declaraciones juradas que contenían la determinación del Impuesto Predial, hecho que no es negado por la recurrente, por lo que corresponde considerar el plazo de prescripción de 6 años, siendo que a la fecha de presentación de la solicitud de prescripción los plazos de prescripción de seis años habían transcurrido; sin embargo, con relación al Impuesto Predial de dos años, a la fecha de presentación de la solicitud de prescripción aún no había concluido el plazo de prescripción de seis años, por lo que corresponde confirmar la apelada en dicho extremo. Un consorcio de centros educativos que no tiene la calidad de entidad educativa no goza de los beneficios del D.Leg. 882 Ley de Promoción a la Inversión en la Educación (04/04/2008) Se revoca la apelada en el extremo referido a la pérdida del régimen de gradualidad, en virtud al fallo del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente N AA/TC, que declaró inaplicable la norma que establecía la pérdida de los beneficios de la gradualidad, si habiendo impugnado la resolución que establece la sanción, el órgano resolutor la mantiene en su totalidad y ésta queda firme o consentida en la vía administrativa, y al criterio recogido mediante Resolución N Se confirma en lo demás que contiene. Se señala que se ha revisado de autos que el recurrente presentó la declaración jurada del tributo correspondiente, fuera del plazo establecido por ley, por lo que se encuentra acreditada la comisión de la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 176 del citado Código Tributario. FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO 36º CT Se resuelve inhibirse del conocimiento de la apelación interpuesta toda vez que la modificación de un convenio de fraccionamiento otorgado en virtud del artículo 36 del Código Tributario debe tramitarse de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº (17/01/2008) Se resuelve inhibirse del conocimiento de la apelación interpuesta contra la resolución que declaró improcedente la modificación del Convenio de Fraccionamiento, debido a que la solicitud mediante el cual se solicita la modificación de un convenio de fraccionamiento otorgado en virtud del artículo 36 del Código Tributario debe tramitarse de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que este Tribunal Fiscal 9

10 Tribunal carece de competencia para conocer el asunto de autos; criterio recogido en la Resolución N Se señala que dado que es materia de controversia si la recurrente incurrió en causal de pérdida de fraccionamiento no procede que en este procedimiento se emita pronunciamiento respecto a la exoneración al Impuesto a la Renta solicitado en dicho fraccionamiento (13/06/2008) Se confirma la apelada. Se señala que conforme se aprecia de autos, hecho que no ha sido desvirtuado por la recurrente, ésta no cumplió con pagar dos cuotas consecutivas correspondientes dentro de los plazos establecidos, configurándose la causal de pérdida del fraccionamiento contemplada en el numeral 1 del artículo 23º del Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la Deuda Tributaria, por lo que corresponde confirmar la apelada. Asimismo se señala que dado que es materia de controversia si la recurrente incurrió en causal de pérdida de fraccionamiento no procede que en este procedimiento se emita pronunciamiento respecto a la exoneración al Impuesto a la Renta solicitado en fraccionamiento que alega el recurrente. Se señala que el error material no es motivo para sustentar el desconocimiento de los pagos efectuados de las cuotas del fraccionamiento regulado en el artículo 36º del Código Tributario, en ese sentido, procede revocar la apelada, a fin de que la Administración verifique la validez de tales pagos (13/06/2008) Se revoca la apelada. Se señala que este Tribunal ha establecido en las Resoluciones Nº , y , entre otras, que el error material no es motivo para sustentar el desconocimiento de los pagos efectuados por los contribuyentes. Se precisa que atendiendo a que las sumas canceladas por la recurrente coinciden con los montos de las cuotas de fraccionamiento aprobado y que los períodos consignados en los Formularios 1662 corresponden a los meses en que la recurrente debía efectuar el pago de sus cuotas de fraccionamiento, se evidenciaría la existencia de un error material por parte de la recurrente, al haber consignado como Código de Tributo 8021, siendo el correcto el 5216, por consiguiente, procede revocar la apelada, a fin de que la Administración verifique la validez de tales pagos, los impute a las cuotas del fraccionamiento de autos, de ser el caso, y no al fraccionamiento aprobado mediante Resolución de Intendencia Nº , y en consecuencia, emita nuevo pronunciamiento sobre la pérdida del fraccionamiento declarada. FRACCIONAMIENTO RESIT Se declara nula la apelada. Se señala que la modificación de la resolución de intendencia que inicialmente declaró válido el acogimiento al RESIT no se encuentra contemplada en el numeral 2 del artículo 108 del Código Tributario (13/06/2008) Se declara nula la apelada. Se señala que la modificación de la resolución de intendencia que inicialmente declaró válido el acogimiento al RESIT no se encuentra contemplada en el numeral 2 del artículo 108 del Código Tributario, toda vez que no se sustenta en la existencia de circunstancias posteriores que la hicieran improcedente o de errores materiales, sino en la evaluación posterior de los requisitos para acceder al RESIT, por lo tanto, toda vez que la Administración no se encontraba facultada para efectuar tal modificación y en aplicación del numeral 2 del artículo 109 del mencionado Código Tributario, la referida resolución modificatoria deviene en nula, al no haberse observado el procedimiento legal establecido. Se agrega que si bien la Segunda Disposición Final de la Ley N y el artículo 13 de la Resolución de Superintendencia N /SUNAT anteriormente citados, prevén la facultad de la Administración para determinar una mayor o menor deuda a la contenida en la solicitud de acogimiento, entre otros supuestos, cuando se excluya alguna deuda por no cumplirse con los requisitos para su acogimiento, esta facultad debe ejercerse con anterioridad a la emisión de la resolución que declare válido el acogimiento solicitado, mientras que cualquier análisis Tribunal Fiscal 10

11 posterior debe adecuarse a lo dispuesto en el mencionado artículo 108 del Código Tributario, criterio que también ha sido establecido por la citada Resolución Nº FRACCIONAMIENTO SEAP D.Leg N 914 Se confirma la apelada. Se señala que para efecto del acogimiento al SEAP de las deudas comprendidas en un Procedimiento de Reestructuración Patrimonial, era requisito la presentación del acta donde conste la aprobación por parte de la Junta de Acreedores (10/06/2008) Se confirma la apelada. Se señala que para efecto del acogimiento al SEAP de las deudas comprendidas en un Procedimiento de Reestructuración Patrimonial, era requisito la presentación del acta donde conste la aprobación por parte de la Junta de Acreedores del referido Plan de Reestructuración, y siendo que en el presente caso no se encuentra acreditado en autos que la recurrente haya presentado copia certificada de la referida acta corresponde confirmar la apelada. Se indica que la apelación contra la resolución de acogimiento a un fraccionamiento tributario, será admitida vencido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 146 del Código Tributario, siempre que se presente dentro del plazo de seis meses (16/06/2008) Se revoca la apelada que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto. Se indica que la apelación contra la resolución emitida respecto de una solicitud no contenciosa, como es la de un acogimiento a un fraccionamiento tributario, será admitida vencido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 146 del Código Tributario, siempre que se presente dentro del plazo de seis meses, toda vez que se cuestiona el acogimiento a dicho beneficio y no existe monto a pagar. En el caso de autos, el recurrente presentó su recurso de apelación dentro del plazo de seis meses por lo que procede revocar la apelada. Se confirma la resolución de intendencia que declaró válido el acogimiento del recurrente al SEAP. Se indica que de la documentación que obra en autos, se advierte que la deuda acogida al SEAP está referida al saldo de un fraccionamiento anterior otorgado al amparo del artículo 36 del Código Tributario, por lo que dado que no ha presentado medio probatorio ni expuesto argumento alguno en torno a la cancelación de esta última no corresponde amparar su impugnación. INFRACCIONES Y SANCIONES Se revoca la apelada que declaró infundada la reclamación interpuesta contra la resolución de multa, girada por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario. Se señala que el acta probatoria solo ha acreditado la intervención efectuada en el domicilio fiscal de otro contribuyente distinto al recurrente, no acreditándose que la referida infracción sea imputable a la recurrente (27/05/2008) Se revoca la apelada que declaró infundada la reclamación interpuesta contra la resolución de multa, girada por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario y se deja sin efecto el citado valor. Se señala que en el acta probatoria que sirvió de sustento a la citada multa, se consignó como deudor tributario a la recurrente, no obstante, que ésta había declarado como domicilio fiscal una dirección distinta a la del local intervenido, debiendo precisarse que el establecimiento intervenido se encontraba registrado como domicilio fiscal de otra persona. En ese sentido, se advierte que la citada acta probatoria solo ha acreditado que en la intervención efectuada en el domicilio fiscal de otro contribuyente se detectó la comisión de una infracción, pero no que ésa sea imputable a la recurrente, por lo que la sanción imputada no ha sido impuesta conforme a ley. Tribunal Fiscal 11

12 El error al consignar el número de documento de identidad en el acta probatoria es un error material que no invalida la citada acta y la presunción de veracidad que le confiere el artículo 165º del Código Tributario (06/05/2008) El error al consignar el número de documento de identidad en el acta probatoria es un error material que no invalida la citada acta y la presunción de veracidad que le confiere el artículo 165º del Código Tributario. Se confirma la apelada que declaró infundada la reclamación contra una resolución que dispuso el cierre temporal de establecimiento por haberse incurrido en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174º del Código Tributario, debido a que al haber cometido la recurrente la misma infracción por segunda vez y haber sido reconocida la infracción cometida por primera vez, resultaba aplicable la sanción de cierre. Asimismo se precisa que el error al consignar el número de documento de identidad en el acta probatoria es un error material que no invalida la citada acta y la presunción de veracidad que le confiere el artículo 165º del Código Tributario. El hecho que las actas probatorias consten en formatos preimpresos no afecta su contenido siempre que cumplan con los requisitos del reglamento del Fedatario Fiscalizador (14/05/2008) Se confirma la apelada que declaró infundada la reclamación contra una resolución que dispuso el cierre temporal de establecimiento por haberse incurrido en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174º del Código Tributario, debido a que al haber cometido el recurrente la misma infracción por segunda vez y haber sido reconocida la infracción cometida por primera vez, resultaba aplicable la sanción de cierre. Asimismo se señala que el hecho que las actas probatorias consten en formatos preimpresos no afecta su contenido siempre que cumplan con los requisitos del reglamento del Fedatario Fiscalizador. La colocación de carteles "incumplimiento de obligaciones no constituye ejecución de la sanción de cierre (23/05/2008) Se confirma la apelada que declaró improcedente la reclamación formulada contra la resolución que reprogramó la sanción de cierre de establecimiento por la comisión de la infracción prevista por el numeral 1 del artículo 174º del CT, por cuanto de los argumentos que sirven de sustento a la apelada se advierte que está referida a la inadmisibilidad de la reclamación y no a su improcedencia, la cual esta bien declarada ya que el recurso se presentó vencido el plazo de ley. La intervención del fedatario debe realizarse en el local del contribuyente por lo que al no estar regulado la verificación de la comisión de la infracción de no emitir comprobante de pago en un lugar distinto al domicilio fiscal no es válida la intervención que se realiza a quien hace entrega de los pedido delivery (29/04/2008) Se declaran nulas el acta probatoria y la resolución apelada que confirma la sanción de cierre de establecimiento. Se señala que la modalidad de intervención del fedatario fiscalizador a efecto de verificar el cumplimiento de la obligación de emitir comprobantes de pago por la venta de un bien o la prestación de un servicio, tanto participando en una operación comercial como presenciando una operación que se realice entre terceros, debe realizarse en el local de propiedad del deudor tributario, no estando regulado la referida verificación en un lugar distinto, por lo que en el presente caso donde se realiza una compra por teléfono y reparto a domicilio (delivery) el acta probatoria en un lugar distinto la local del contribuyente no acredita la comisión de la infracción prevista por el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario. No incurre en infracción quien por razón de fuerza mayor no presenta su declaración jurada en la fecha señalada al haberse realizado un paro en la zona y no existiendo agencia bancaria en la ciudad de su domicilio (14/03/2008) Se revoca la apelada que declaró infundada la reclamación contra una multa por incurrir en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176º del Código Tributario y se deja sin efecto Tribunal Fiscal 12

13 dicha multa, debido a causa de fuerza mayor consistente en que el distrito en que se ubica el domicilio fiscal del recurrente no existe agencia bancaria y por el paro acatado en la provincia le fue imposible trasladarse y presentar en forma oportuna la declaración. Se señala que la fecha de inicio de operaciones señalada en el Comprobante de Información Registrada solo es un dato referencial, por lo que al no estar obligado a presentar declaración jurada mensual, no se ha cometido la infracción del numeral 1 del artículo 176º del Código Tributario (02/04/2008) Se revoca la apelada que declara infundada la reclamación formulada con la resolución de multa girada por la infracción del numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario vinculada con la declaración del IGV de enero de 2006 y se deja sin efecto el mencionado valor, debido a que la recurrente a dicho período no había iniciado operaciones comerciales ya que su primer comprobante de pago tiene fecha de emisión , asimismo debe tenerse presente que para determinar el inicio de operaciones debe acreditarse el acto que implique la generación de ingresos (gravados o exonerados) o la adquisición de bienes y/o servicios deducibles para efectos del Impuesto a la Renta, conforme al criterio recogido en la Resolución N , , entre otras, por lo que de acuerdo con la documentación que corre en autos dicho hecho sucedió en marzo de 2006; asimismo, debe precisarse que la información sobre la fecha de inicio de operaciones en el Comprobante de Información Registrada (CIR) es solo referencial atendiendo a los criterios expuestos por las citadas RTF, por lo que no resulta correcto que la Administración gire la multa por el hecho de que en el CIR figure afecto al Impuesto desde el mes de febrero de 2005, criterio también recogido en la RTF N Quien no tiene la calidad de entidad empleadora no tiene la obligación de presentar la declaración jurada de remuneraciones (11/04/2008) Se revoca la apelada que declaró infundada la reclamación contra la resolución de multa emitida por el Se señala que en el presente caso, la Administración ha emitido el valor impugnado al considerar que la recurrente estaba obligada a presentar la declaración de retenciones a las remuneraciones por el Impuesto a la Renta de Quinta Categoría del periodo enero de 2006, dado que en el "Comprobante de Información Registrada" se indica a aquella como agente de retención del referido impuesto desde el 12 de enero de Se precisa que este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que la información que consta en el mencionado documento es referencial, por lo que no debe entenderse que necesariamente la recurrente tenía la calidad de entidad empleadora a partir de dicha fecha, y por ende tal documento no puede ser calificado como una prueba suficiente. Se agrega que de la revisión de los actuados no se ha acreditado con ningún medio probatorio que la recurrente tuviera la condición de entidad empleadora en el periodo materia de controversia y por ende, estuviera obligada a presentar la declaración jurada de remuneraciones correspondiente, por lo que carece de sustento la configuración de la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 176º del Código Tributario. Se señala que dado que en las declaraciones juradas rectificatorias presentadas por la recurrente la base imponible del impuesto difiere en monto tan diminuto que el tributo determinado en ambas declaraciones que el tributo determinado en ambas declaraciones rectificatorias resulta idéntico, de modo que su inmaterialidad no podría determinar que la recurrente hubiera incurrido en la infracción de presentar mas de una declaración jurada rectificatoria (27/05/2008) Se revoca la apelada en el extremo referido a la resolución de multa giradas por la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 176º del Código Tributario, por presentar más de una declaración jurada rectificatoria. Se indica que para efectos del Impuesto la Renta, de la revisión de las declaraciones juradas rectificatorias presentadas por la recurrente se aprecia que en la segunda rectificatoria, la base imponible del Impuesto a la Renta únicamente difiere de la anterior en S/. 1,00, monto tan diminuto que el tributo determinado en ambas declaraciones rectificatorias resulta idéntico, de modo que su inmaterialidad no podría determinar que la recurrente hubiera incurrido en la infracción de presentar mas de una Tribunal Fiscal 13

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