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1 Guadalajara, Jalisco, 25 veinticinco de octubre del 2016 dos mil dieciséis.- V I S T O S para resolver los autos del Toca número 659/2016, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 treinta de marzo del 2016 dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Segundo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado, en los autos del Juicio Mercantil Ejecutivo, expediente número * * * * * * * */* * * * * * * *, que promovió * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, en contra de * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, y; R E S U L T A N D O : 1.- El 30 treinta de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, el Juez Segundo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial, dictó sentencia definitiva que concluyó con las siguientes proposiciones: PRIMERA.- La Personalidad de las partes, la Competencia de este Tribunal y la Vía elegida quedaron debidamente justificadas en Autos SEGUNDA.- El Actor probó parcialmente su acción, en tanto que la demandada justifico (sic) parcialmente sus excepciones opuestas, en consecuencia: TERCERA.- Por consiguiente en ésa (sic) razón ha lugar a condenar a a (sic) la demandada * * * * * * * * (* * * * * * * *) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, a pagar a la parte actora * * * * * * * * (sic) * * * * * * * * * * * * * * * * (* * * * * * * *) * * * * * * * *, la cantidad de $756, (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de Suerte principal; así como al pago de los intereses a 1

2 razón del porcentaje que este titular determina reducir prudencialmente para no vulnerar los Derechos Humanos del deudor a una tasa equivalente al 24.00% (VEINTICUATRO POR CIENTO) anual que deberá cubrirse, desde que se constituyó en mora, esto es a partir del día 11 Once de Agosto del año 2011 dos mil once, por haber incurrido en mora desde el tercer pago y hasta la total liquidación del adeudo CUARTA.- Así mismo, se deberá (sic) de tomar en cuenta los abonos por la cantidad de $310, (TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en los términos del artículo 364 del Código de Comercio, esto es, primeramente aplicar el pago a los Intereses Moratorios y de quedar algo a Capital; Procedente resulta Absolver al demandado del pago de Gastos y Costas, al haber Justificado su (sic) Excepción (sic) de Pago parcial Y (sic) Plus Petitio QUINTA.- Procedente resulta condenar a los demandados al pago de los Gastos y Costas originados por la tramitación del presente Juicio, conceptos que al igual que los intereses moratorios, deberás de ser cuantificados en Ejecución de Sentencia SEXTA.- En su oportunidad se ordena sacar a remate el bien inmueble embargado a la demandada y con su producto pagó (sic) al acreedor N O T I F Í Q U E S E Inconforme con el sentido del fallo, la demandada * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, interpuso recurso de apelación que se admitió en ambos efectos; esta Sala se avocó al conocimiento de la controversia, se declaró competente para conocer y resolver de ésta, confirmó la calificación de grado, tuvo a la parte apelante expresando los agravios que le causa la resolución impugnada, y citó para sentencia, misma que ahora se pronuncia bajo el siguiente: C O N S I D E R A N D O : 2

3 I.- Esta Séptima Sala resulta competente para conocer del presente Toca de apelación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado II.- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, en su carácter de parte demandada, mediante escrito presentado el 25 veinticinco de abril de 2016 dos mil dieciséis, expresó los agravios que son motivo del medio de impugnación que ahora se dirime y respecto de los cuales se omite la transcripción, al estar integrados al juicio natural y toca de apelación que nos ocupa, circunstancia que resulta además permisible dado que no causa agravio a la disidente, puesto que habrán de ser analizados en su totalidad, como lo requiere el artículo 430 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así, la falta de transcripción no constituye una violación de garantías Lo que se robustece con la Tesis del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XII, Noviembre de 1993, Página: 288, que a continuación se transcribe:- - AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS.- El hecho de que la sala responsable no haya transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige que las sentencia sean claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenado o absolviendo al demandado, así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a debate

4 Además, aplica la Tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: IV, Segunda Parte-1, Página: 61, Registro: , que a la letra se inserta: AGRAVIOS, FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS, EN LA SENTENCIA. NO CAUSA PERJUICIO SI SE CONTESTAN.- El hecho de que en la resolución reclamada no se hayan transcrito los agravios que fueron materia de la misma, no le para ningún perjuicio al amparista ni lo deja en estado de indefensión, ya que en todo caso esa omisión no es trascendente en el sentido de fallo ni representó impedimento para que combatiera las consideraciones que sirvieron de sustento a la responsable para dictar su fallo III.- Estudio de los presupuestos procesales.- La Sala se ocupa en primer término, de analizar los presupuestos procesales, ya que se trata de requisitos sin los cuales, no puede iniciarse ni tramitarse válidamente un proceso; esto es, son cuestiones de orden público Por ello, cuando el Tribunal se percate de la ausencia de algún presupuesto procesal, de oficio o a petición de parte, razonablemente debe proceder a subsanarla en cualquier estado que se halle el juicio; de lo contrario, el proceso no se encontrará en un estado de cognición óptimo ni jurídicamente aceptable; pues no es posible la existencia de un juicio válido o proceso verdadero sin la concurrencia in limine litis de los presupuestos procesales que condicionan, a su vez, la existencia del debido proceso, siendo por ello que su presencia generalmente se encuentra normativamente reconocida Así, las autoridades jurisdiccionales deben controlar su concurrencia, pues su falta constituye un obstáculo procesal, que impedirá entrar al conocimiento del fondo del asunto para su resolución final

5 Corrobora lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que se localiza en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXIII, Enero de 2011, Tesis: XIX.1o.P.T. J/15, Página: 3027, Registro: 163,049, que a la letra se inserta: PRESUPUESTOS PROCESALES. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES, EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, DEBEN CONTROLAR DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE SU CONCURRENCIA, PUES LA AUSENCIA DE ALGUNO CONSTITUYE UN OBSTÁCULO QUE IMPIDE EL CONOCIMIENTO DEL FONDO DEL ASUNTO.- Siempre que sea descubierta la ausencia de algún presupuesto procesal, de oficio o a petición de parte, las autoridades jurisdiccionales razonablemente deben proceder a subsanarla en cualquier estado que se halle el juicio; de lo contrario, el proceso no se encontrará en un estado de cognición óptimo ni jurídicamente aceptable; no es posible la existencia de un juicio válido o proceso verdadero sin la concurrencia in limine litis de los presupuestos procesales que condicionan, a su vez, la existencia del debido proceso, siendo por ello que su presencia generalmente se encuentra normativamente reconocida; lo anterior, con el objeto de que las autoridades jurisdiccionales controlen su concurrencia, máxime que su falta constituye un obstáculo procesal que impedirá entrar al conocimiento del fondo del asunto para su resolución final; sólo de esta manera puede asegurarse que el cauce procedimental sea el legalmente establecido, atendiendo a las circunstancias, tanto objetivas como subjetivas, que la propia ley, de forma imperativa, toma en consideración y pormenoriza a) Competencia.- La competencia del Juez Primigenio, entendida como la facultad que la ley le atribuye o que se deriva de la voluntad de las partes, para conocer de determinados negocios, se acredita en términos de los numerales 101, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1090 y 1104 fracción II del Código de Comercio, porque como se advierte del pagaré fundatorio de la acción, las partes establecieron como lugar de pago, el domicilio del beneficiario, sito en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, lugar en el que el Aquo ejerce jurisdicción.- 5

6 Luego, el Juzgador estimó que este presupuesto procesal, se colmó; pues no se inhibió del conocimiento del negocio al pronunciar el primer auto, por considerarse incompetente para el efecto, en términos del artículo 1115 del Código de Comercio; y en el considerando III del fallo reclamado, precisó su competencia para dirimir la acción emprendida Robustece las razones de la Sala, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Septiembre de 1999, Tesis: 1a. XXI/99, Página: 90, Registro: , que se aplica por las razones que la informan, que a la letra se inserta: INCOMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. POR REGLA GENERAL DEBE PLANTEARSE A INSTANCIA DE PARTE Y, EXCEPCIONALMENTE, PUEDE HACERSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR QUE PREVINO.- De una interpretación sistemática de los artículos 1102, 1114 y 1115, del Código de Comercio, reformados a virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, deriva que la declaración de incompetencia está regida por una regla general y una excepción a la misma; es regla general que las contiendas sobre competencia para conocer o dejar de conocer de un juicio mercantil sólo pueden entablarse a instancia de parte, sea por declinatoria o por inhibitoria; y es excepción que la incompetencia se declare de manera oficiosa por el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, lo cual sólo procederá bajo estas circunstancias: 1. Que la haga el juzgador ante quien se presentó la demanda o la reconvención; 2. Que sea sobre territorio o materia si se trata de la demanda, o sobre cuantía si se refiere a la reconvención; y 3. Que el pronunciamiento se realice en el primer proveído, que se dicte en relación con la demanda principal o con la reconvención b) Personalidad.- La personalidad de los litigantes, es decir, la cualidad de la persona por la que se le considera como centro de imputación de normas jurídicas o sujeto de derechos y obligaciones, se justifica en los artículos 1056, 1057 y 1061 del Código de Comercio

7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * comparece a demandar por su propio derecho * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * compareció por su propio derecho a oponer excepciones c) Vía.- La vía concebida como la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites, quedó acreditada, puesto que la parte actora eligió para substanciar su demanda, la vía mercantil ejecutiva que es la idónea, tal como lo determina el numeral 1391 fracción IV del Código de Comercio, porque el documento fundatorio es de aquellos que traen aparejada ejecución y permite el acceso a la vía de preferencia Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo: V. Civil Primera Parte - SCJN Tercera Sección - Mercantil Subsección 2 Adjetivo, Tesis: 812, Página: 891, Registro: , que a continuación se copia: PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL.- Conforme a los artículos 1,336 y 1,337 del Código de Comercio y 231 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el recurso de apelación tiene por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución de primera instancia impugnada en los puntos relativos a los agravios vertidos en la apelación o en la adhesión a ésta. Ahora bien, la vía, que es la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites, constituye un presupuesto procesal de orden público porque es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, y es insubsanable ya que sin ella no puede dictarse válidamente sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. En ese sentido y tomando en cuenta que en virtud de la apelación se devuelve al tribunal superior la plenitud de su jurisdicción y éste se encuentra frente a las pretensiones de las partes en 7

8 la misma posición que el inferior, es decir, que le corresponden iguales derechos y deberes, se concluye que, al igual que el juzgador de primer grado, en el recurso de apelación mercantil el tribunal superior puede analizar de oficio la procedencia de la vía, pues el hecho de que tenga que ceñirse a la materia del medio de impugnación no es obstáculo para que oficiosamente pueda estimar circunstancias impeditivas o extintivas que operan ipso iure (como la procedencia de la vía) y que podía haber analizado el Juez de primera instancia; máxime que la resolución de segundo grado que de oficio declara improcedente la vía no implica violación a los indicados numerales, en tanto que no se pronuncia sobre la materia de la apelación ni decide en el fondo sobre la procedencia o fortuna de la pretensión, y mucho menos que deba ser favorable a esa pretensión, pues estas dos circunstancias dependen de otra clase de presupuestos: los materiales o sustanciales IV.- Las actuaciones de primera y segunda instancia, merecen valor probatorio pleno en términos del numeral 402 del Enjuiciamiento Civil del Estado, de éstas emerge que las causas de disentimiento que esgrime la apelante, son fundadas y suficientes para modificar la resolución reclamada En esencia, los agravios de la recurrente trascienden a lo que sigue: Que le causa agravio la proposición quinta de la sentencia reclamada, toda vez que, carece de fundamentación y motivación, contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, pues el Juez en la sentencia señaló que la apelante acreditó sus excepciones de pago parcial y plus petitio, desestimando la procedencia de algunas de las prestaciones propuestas por la parte actora, por lo que contrario a lo que señala en la proposición quinta, resulta procedente absolverla del pago de gastos y costas, en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos que señala el artículo 1084 del Código de Comercio

9 Que además en la parte final del considerando VII, así como en la proposición cuarta de la sentencia, el Juzgador la absolvió del pago de gastos y costas al haber justificado sus excepciones de pago parcial y plus petitio, por lo que resulta procedente que se deje sin efectos la proposición quinta En principio se determina que se procederá al estudio en conjunto de los agravios expresados por la apelante en razón de la interrelación de los mismos, y dado que ello no causa agravio alguno a la inconforme, puesto que serán analizados en su totalidad, tal como lo dispone el artículo 430 fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado Lo que se corrobora con la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XIII, Junio de 1994, Página: 511, y que a la letra señala: AGRAVIOS. EXAMEN DE LOS. El hecho de que la Sala examine los agravios en conjunto y no de manera separada, no le causa perjuicio alguno al peticionario de amparo, por que lo fundamental es su examen Como fundados se califican los motivos de inconformidad que esgrime la apelante; calificativo que emerge de la resolución reclamada de la que se infiere:- Que en el considerando VI relativo al Estudio de las excepciones hechas valer por los demandados, el Juzgador declaró parcialmente acreditadas las excepciones de pago parcial y de plus petitio (foja 89)

10 Que en el considerando VII denominado Estudio de la acción principal, el A quo determinó (foja 94 vuelta): Así mismo, se deberá (sic) de tomar en cuenta los abonos por la cantidad de $310, (TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en los términos del artículo 364 del Código de Comercio, esto es, primeramente aplicar el pago a los Intereses Moratorios y de quedar algo a Capital; Procedente resulta Absolver al demandado del pago de Gastos y Costas, al haber Justificado su Excepción de Pago parcial Y (sic) Plus Petitio Que las razones transcritas trascendieron a la proposición cuarta, redactada en idénticos términos Que no obstante, en la proposición quinta le condena al pago de las costas de primer grado, y ordena su regulación en ejecución de sentencia. - - De las actuaciones detalladas, emerge el yerro en que incurre el Juzgador, cuando por un lado, absuelve a la parte demandada del pago de las costas de primer grado, y por otro, le impone condena al respecto; con lo que el fallo se torna incongruente Ahora bien, los artículos 1077, primer párrafo y 1325 del Código de Comercio, determinan: Artículo Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, 10

11 se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos Artículo La sentencia debe ser clara, y al establecer el derecho, debe absolver o condenar Luego, el principio de congruencia a que aluden los preceptos en cita, y que debe regir en toda sentencia, estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, igualmente, en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí Así, el primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la congruencia interna En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia que se estiman contradictorias entre sí, esto es, la parte final del considerando VII, así como, las proposiciones cuarta y quinta del fallo reclamado; luego, la recurrente afirma que mientras en la parte considerativa de la resolución, se le absuelve del pago de las costas, ante la procedencia de algunas de las excepciones opuestas; en la parte propositiva, primero se le absuelve (proposición cuarta) y después se le condena (proposición quinta), al pago de las costas de primer grado; contradicción que constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia Corrobora las razones de la Sala la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VI, Agosto 11

12 de 1997, Tesis: XXI.2o.12 K, Página: 813, Registro: 198,165, que a la letra se inserta: SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA.- El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia En efecto, el Juez de origen al analizar las excepciones que opuso la demandada, determinó que las que encuentran sustento legal en la fracción VI del artículo 1403 del Código de Comercio, y fracción VIII del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, quedaron parcialmente justificadas; lo que implica que aun cuando la acción cambiaria directa prevista en los artículos 150, 150 y 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se acreditó, el actor no demostró la totalidad de sus reclamaciones, por lo que, como lo refiere la recurrente, no procede la condena al pago de las costas Esto, porque el artículo 1084 del Código de Comercio, en su primer párrafo, establece dos supuestos para el pago de costas en el juicio; el primero se refiere a la condena obligatoria cuando la prevenga la ley; el segundo deja al prudente arbitrio del Juzgador dicha condena, a la luz de la temeridad o mala fe que se advierta en la sustanciación del procedimiento

13 Luego, el propio numeral en su fracción III dispone, que pagará las costas, el que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable; así, el término condenado debe entenderse en su acepción absoluta o total, pues cuando se trata de una condena parcial, ésta dependerá del arbitrio judicial, y será el Juzgador quien debe analizar el caso concreto, para desentrañar las motivaciones que tuvieron las partes para concurrir al juicio y advertir si en alguna de ellas, existió una conducta temeraria o de mala fe, que deba ser castigada a través del pago de las costas De este modo, si el actor no logró justificar la totalidad de las prestaciones que exigió de su contraria, no procede condenar a la demandada * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * al pago de las costas; razón suficiente para dejar insubsistente la proposición quinta de la sentencia materia de la alzada; mientras pervive la proposición cuarta, en la que se absuelve a la reo de tal rubro Corrobora lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Marzo de 1998, Tesis: 1a./J. 14/98, Página: 206, Registro: , que a continuación se copia: COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SU PROCEDENCIA CUANDO LA CONDENA EN EL JUICIO FUE ÚNICAMENTE PARCIAL, DEPENDERÁ DEL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR.- El artículo 1084 del Código de Comercio, en su primer párrafo, establece dos presupuestos para el pago de costas en el juicio, el primero de ellos se refiere a la condena obligatoria cuando la prevenga la ley y la segunda deja al prudente arbitrio del juzgador dicha condena, a la luz de la temeridad o mala fe que se advierta en la sustanciación del procedimiento. El propio numeral en comento describe, en su tercera fracción, que pagará las costas "el que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia 13

14 favorable..." en donde el término condenado debe entenderse en su acepción absoluta o total, pues cuando se trata de una condena parcial, ésta dependerá del arbitrio judicial, y será el juzgador quien debe analizar el caso concreto para desentrañar las motivaciones que tuvieron las partes para concurrir al juicio y advertir si en alguna de ellas existió una conducta temeraria o de mala fe que deba ser castigada a través del pago de las costas En consecuencia, ante fundado de los motivos de inconformidad que esgrime la apelante, procede modificar la sentencia definitiva que el 30 treinta de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, pronunció el Juez Segundo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial, para el efecto de dejar insubsistente la proposición quinta, por lo que la proposición sexta se recorre para tornarse en la quinta proposición; por lo tanto, la parte propositiva del fallo reclamado queda como sigue:- P R O P O S I C I O N E S : PRIMERA.- Los presupuestos procesales relativos a la competencia del Juzgador, la personalidad de las partes y la vía elegida quedaron debidamente justificados en autos SEGUNDA.- El actor probó parcialmente su acción, en tanto que la demandada justificó parcialmente sus excepciones, en consecuencia: TERCERA.- Se condena a la demandada * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, a pagar a la parte actora * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, la cantidad de $756, (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal; así como al pago de los intereses a razón del porcentaje que este titular determina reducir prudencialmente para no vulnerar los Derechos Humanos del deudor a una tasa equivalente al 24.00% (VEINTICUATRO POR CIENTO) anual que deberá cubrirse, desde que se constituyó en mora, esto es a partir del día 11 once de agosto del año 2011 dos mil once, por haber incurrido en mora desde el tercer pago y hasta la total liquidación del adeudo CUARTA.- Así mismo, se deberán de tomar en cuenta los abonos por la cantidad de $310, (TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en los términos del artículo 364 del Código de Comercio, 14

15 esto es, primeramente aplicar el pago a los intereses moratorios y de quedar algo a capital Se absuelve a la demandada del pago de gastos y costas de primer grado, al haber justificado sus excepciones de pago parcial y plus petitio QUINTA.- En su oportunidad se ordena sacar a remate el bien inmueble embargado a la demandada y con su producto páguese al acreedor NOTIFÍQUESE V.- Análisis oficioso sobre la tasa de interés moratorio.- La Sala procede a analizar si la tasa de interés moratorio materia de la condena impuesta a la demandada por el A quo, después de proceder a su reducción, es usuraria Como se infiere de la proposición tercera del fallo reclamado, el Juez de origen condenó a la demandada * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, al pago de intereses moratorios, a razón del 24% veinticuatro por ciento anual; esto es, el 2% dos por ciento mensual, a partir de la constitución en mora y hasta la total liquidación del adeudo Ahora bien, el artículo 362 del Código de Comercio, en su primer párrafo, dispone que los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el 6% seis por ciento anual Después, la tasa de interés moratorio materia de condena, no es usuraria, ya que equivale como se expresó al 2% dos por ciento mensual, por lo que sigue:

16 En efecto, la usura se configura por la existencia de un interés excesivo en un préstamo; entretanto, la explotación del hombre por el hombre consiste en que un ser humano o persona jurídica utilice en provecho propio y de modo abusivo la propiedad de otro ser humano o persona De este modo, la nota distintiva de la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, es decir, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consiste en que ocurra que una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo Así, la ley debe prohibir la usura, imperativo que consiste en que ésta no debe permitir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre, esto es, que la ley no debe permitir que una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo; luego, este deber recae en todas las autoridades del país Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció en el sentido de que el pacto de intereses en un pagaré mercantil, puede ser examinado y sancionado en cuanto a su ineficacia bajo la figura de la lesión civil y a través de la nulidad relativa o de la reducción equitativa de las prestaciones, dado que opera, en tal caso, la supletoriedad de la legislación civil federal respecto de la normatividad mercantil aplicable Luego, para tener por satisfecho el imperativo constitucional y convencional, derivado del artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto a que el numeral

17 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no debe permitir que una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo, debe considerarse el contenido conducente del artículo 1 constitucional, que precisa que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sin que para ello sea necesario que las partes lo hagan valer oportunamente en el juicio respectivo Esto, porque la usura puede ser analizada por el Juzgador, aún de oficio, a partir de un criterio objetivo, sin perjuicio de atender a otros elementos si se advierten en las constancias de autos Después de la interpretación conforme del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nuestro máximo tribunal determinó que dicho precepto, no es inconstitucional, en la parte conducente del segundo párrafo, en cuanto regula que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal; pero ello sobre la base de que tal permisión no es de carácter ilimitado, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo; esto último con base en el contenido del artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Lo anterior con sustento en dos premisas fundamentales: El artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, permite cuando menos tres 17

18 interpretaciones jurídicas, de entre las cuales debe preferirse la que sea acorde con la Constitución La adecuación constitucional del precepto legal indicado, no sólo permite que los gobernados conserven la facultad de fijar convencionalmente los réditos e intereses no usurarios al suscribir pagarés, sino que además, confiere al Juzgador la facultad, para que al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, y al determinar en su caso la condena conducente, aplique de oficio tal precepto acorde con un contenido constitucionalmente válido y a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a fin de que el numeral de mérito, en ningún asunto sirva de fundamento para dictar una condena al pago de intereses, mediante la cual una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario, un interés excesivo derivado de un préstamo que configure usura Luego, el contenido conducente del segundo párrafo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, puede ser interpretado, cuando menos, en los siguientes tres sentidos: Que contiene la permisión a las partes que intervienen en la emisión de un pagaré para fijar libremente y de manera ilimitada el rédito o interés en el título Que la interpretación sistemática de tal precepto arroja que el pacto de intereses en un pagaré mercantil, aunque puede fijarse libremente por las partes, también puede ser examinado y 18

19 sancionado en cuanto a su ineficacia bajo la figura de la lesión civil y a través de la nulidad relativa o de la reducción equitativa de las prestaciones; y excepcionalmente, como detonante de la acción de indemnización por daños y perjuicios Que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal; pero sobre la base de que tal permisión no es de carácter ilimitado, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo Las razones referidas dieron origen a las jurisprudencias 46/2014 y 47/2014, la primera visible en la Décima Época, Registro: , de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Página: 400; y la segunda, consultable en la Décima Época, Registro: , Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Página: 402; que en su orden se trascriben: PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].- Una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario en la suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos en las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que provocó que se estimara que los requisitos procesales y sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio del consentimiento, se aplicaran también para que pudiera operar la norma constitucional consistente en que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del 19

20 hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los cuales el artículo 1o. constitucional ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Así, resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero además, dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal, permite una interpretación conforme con la Constitución General y, por ende, ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; destacando que la adecuación constitucional del precepto legal indicado, no sólo permite que los gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino que además, confiere al juzgador la facultad para que, al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar la condena conducente (en su caso), aplique de oficio el artículo 174 indicado acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al momento de resolver PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.- El párrafo segundo del citado precepto permite una interpretación conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prever que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse 20

21 se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal; pues ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses no es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, el juzgador que resuelve la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, para determinar la condena conducente (en su caso), debe aplicar de oficio el referido artículo 174, acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y los elementos de convicción con que se cuente en cada caso, para que dicho numeral no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses usurarios, por lo que si el juzgador adquiere convicción de oficio de que el pacto de intereses es notoriamente usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, entonces debe proceder, también de oficio, a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente para que no resulte excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, y con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver. Ahora bien, cabe destacar que constituyen parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés -si de las constancias de actuaciones se aprecian los elementos de convicción respectivos- los siguientes: a) el tipo de relación existente entre las partes; b) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; c) el destino o finalidad del crédito; d) el monto del crédito; e) el plazo del crédito; f) la existencia de garantías para el pago del crédito; g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia; h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Lo anterior, sobre la base de que tales circunstancias puede apreciarlas el juzgador (solamente si de las constancias de actuaciones obra válidamente prueba de ellos) para aumentar o disminuir lo estricto de la calificación de una tasa como notoriamente excesiva; análisis que, además, debe complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor De las consideraciones apuntadas surge lo siguiente: El interés usurario, es el interés pactado en cualquier convención mercantil, cuando existiera 21

22 desproporción en el pacto de intereses a causa de la explotación de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de una de las partes La usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, consiste en un fenómeno contrario al derecho humano de propiedad previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consiste en que ocurra que una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo El imperativo constitucional de fuente internacional derivado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a que la ley debe prohibir la usura, consiste en que la ley no debe permitir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre, esto es, que la ley no debe permitir que una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo. Deber que también recae en todas las autoridades del país Que al haberse equiparado el interés usurario con el interés lesivo, no se advirtió que, en consecuencia, se sujetó la protección del derecho humano de propiedad (en la modalidad de que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre), a la carga procesal de hacer valer esa circunstancia durante la tramitación del juicio, cuando, acorde con el contenido conducente del artículo 1 constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 22

23 derechos humanos, sin que para ello sea necesario que las partes lo hagan valer oportunamente en el juicio respectivo Que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la existencia del control de convencionalidad ex officio, señalando que acorde con la última parte del artículo 133, en relación con el artículo 1 constitucionales, los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Lo que significa, que cuando los Jueces adviertan normas integrantes del sistema jurídico que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.- Con independencia de que exista un planteamiento, o no, así como de que prospere, o no, en el juicio la controversia suscitada respecto de intereses lesivos pactados en un pagaré; las autoridades judiciales, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el caso, el derecho humano a la propiedad en la modalidad de prohibición de la usura como forma de explotación del hombre por el hombre, lo que les faculta a efectuar el control de convencionalidad ex officio, aún ante la falta de petición de parte sobre el tópico, lo que significa que cuando se adviertan indicios de un interés desproporcionado y excesivo se debe analizar de oficio la posible configuración de la usura, aun ante la desestimación del 23

24 planteamiento litigioso correspondiente a la lesión En este orden de ideas, y acorde a lo que dispone el artículo 1 de la Constitución Federal, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, sino también por aquellos que se contemplan en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona En efecto, estos mandatos contenidos en el artículo 1 constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 diez de junio de 2011 dos mil once, deben interpretarse conjuntamente con lo establecido por el diverso numeral 133, para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país Así emerge de la tesis aislada P. LXVII/2011(9a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, Registro: , Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro: III, Diciembre de 2011, Tomo: 1, Página: 535, cuyo rubro y texto son como sigue: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.- De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales 24

25 celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia En este tenor, este Órgano Colegiado procede a realizar oficiosamente el análisis, respecto a si la condena impuesta en el fallo de primera instancia, en relación a los intereses moratorios a razón del 2% dos por ciento mensual, trastoca las razones apuntadas. Del documento fundatorio de la acción, consistente en el pagaré suscrito por la demandada * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, que en términos del numeral 1296 del Código de Comercio, para los efectos de la presente apelación merece valor probatorio pleno, se infiere el pacto de intereses moratorios, realizado por las partes, como lo prevé el artículo 362 del ordenamiento en comento; luego, para el caso de incumplimiento en el pago, la suscriptora se obligó a cubrir el 8% ocho por ciento mensual, esto es, el 96% noventa y seis por ciento anual; luego, el A quo redujo la tasa de interés al 24% veinticuatro por 25

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