Recomendación 106/1995


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Recomendación 106/1995"

Transcripción

1 SÍNTESIS: La Recomendación 106/95, del 31 de agosto de 1995, se envió al Gobernador del Estado de Nayarit, y se refirió al caso de seguridad jurídica, gobernabilidad y corrupción en el Centro de Readaptación Social' 'Venustiano Carranza ': en la ciudad de Tepic, Nayarit. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó concluir las obras del establecimiento que ocupará el nuevo Centro de Readaptación Social de Tepic, Nayarit. Ubicar en sitios completamente separados a las personas de reciente ingreso, a los internos procesados y a los sentenciados. Instrumentar un programa de ubicación de los internos que tome en cuenta el contenido del documento Criterios para la clasificación de la población penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional. Una vez puesto en funcionamiento el nuevo Centro de Tepic, asignar a los reclusos a los distintos dormitorios y a sus diferentes áreas. Que el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Readaptación Social cumpla las funciones que le han sido atribuidas por la legislación vigente. Modificar el reglamento del Centro de y estatal aplicable que en especial regule las funciones y atribuciones del Consejo Técnico Interdisciplinario y, particularmente, su participación en la organización de la vida del Centro y en la aplicación de sanciones. Difundir sistemáticamente el reglamento actual y posteriormente el nuevo que se expida entre los trabajadores del establecimiento, los internos y sus visitantes. Asimismo, se recomendó efectuar una auditoria de los registros y de los expedientes jurídicos de los internos, a fin de verificar la manera en que están integrados,. que estos documentos se completen debidamente y que se informe a los internos sobre su situación jurídica. Asumir plenamente, por parte de las autoridades estatales, el gobierno del Centro y realizar las funciones de organización, vigilancia y supervisión del establecimiento y revocar todas las funciones de autoridad conferidas a los internos llamados bastoneros ya cualesquiera otros. Vigilar permanentemente que los precios de los productos que se venden en los comercios del interior del Centro sean acordes con los vigentes en el exterior. Instalar de manera suficiente teléfonos públicos, y que por lo menos un teléfono se coloque en el área femenil. Incrementar las actividades educativas, tanto en lo relativo a la cantidad de opciones como en los niveles de escolaridad; y estimular la participación de las internas en estas actividades. Propiciar actividades laborales remuneradas para las internas, en un marco de economía formal. Supervisar la alimentación destinada a la población femenil, en el sentido de que sea suficiente en cantidad y de calidad adecuada para satisfacer las necesidades nutricionales, en particular de aquellas que se encuentran embarazadas, y que se les proporcione el agua potable en cantidades suficientes. Regular, en el reglamento interno del Centro que habrá de expedirse, la estancia de los niños que viven con sus madres reclusas y que, a partir de ello, se normalice su situación. Recomendación 106/1995 México, D.F., 31 de agosto de 1995

2 Caso de seguridad jurídica, gobernabilidad y corrupción en el Centro de Readaptación Social "Venustiano Carranza", en la ciudad de Tepic, Nay. Lic. Rigoberto Ochoa Zaragoza, Gobernador del Estado de Nayarit, Tepic, Nay. Muy distinguido señor Gobernador: La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 10.; 60., fracciones II, III Y XII; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 44; 46 y 51 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos contenidos en el expediente CNDH/122/94/NAY/ PO504 7, relacionado con la seguridad jurídica, gobernabilidad y corrupción en el Centro de Readaptación Social "Venustiano Carranza" (denominado anteriormente Centro de Rehabilitación Social "Venustiano Carranza"), en la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, y vistos los siguientes: I. HECHOS A. El 12 de febrero de 1992, esta Comisión Nacional emitió la Recomendación 20/92 sobre el Centro de Readaptación Social "Venustiano Carranza", en la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit; asimismo, ha realizado diversas visitas de seguimiento al referido Centro con el fin de verificar el avance en el cumplimiento de la citada Recomendación. En el informe anual del periodo , este Organismo Nacional consideró que la autoridad destinataria ha incurrido en incumplimiento negligente, en virtud de que "...Esta Recomendación tiene más de tres años de haberse emitido sin que se haya logrado el cumplimiento íntegro y permanente de la misma". B. El 14 de julio de 1994 se recibió, en esta Comisión Nacional, un escrito de queja interpuesto por la señora Juana Rivera Calderón, esposa del interno Santos García Álvarez, recluido en el Centro de referencia. En ese escrito la señora manifestó que el día 8 de julio de 1994, su cuñado Felipe Isaac García Álvarez -también interno en el mismo penal- fue golpeado por el personal de custodia del Centro, principalmente por el jefe de dicho personal, señor Lauro Núñez Pacheco, quien también amenazó a su esposo, señor Santos García Álvarez, en el sentido de que si denunciaba estos hechos su "familia sufriría las consecuencias". Señaló la quejosa que el día 11 de julio el señor Lauro Núñez Pacheco agredió nuevamente a Felipe Isaac García Álvarez y le pidió la cantidad de N$ (trescientos nuevos pesos 00/100 M. N.). Por último, la señora Juana Rivera Calderón expresó que, acompañada por otros parientes, ha solicitado al Director del reclusorio que traslade a sus familiares a una celda de seguridad, ya que temen por sus vidas. Agregó que cuando acude al penal a visitar a su esposo y a su cuñado, y el Director no está, se le niega el acceso al establecimiento. Posteriormente, mediante una llamada telefónica recibida en esta Comisión Nacional, la 2

3 quejosa aclaró que el señor Lauro Núñez Pacheco no es custodio, sino bastonero general. C. El día 24 de enero de 1995 se recibió, en este Organismo Nacional, una llamada telefónica de la señora Belén Espinosa, esposa del interno Felipe Isaac García Álvarez, para manifestar que su esposo recibió amenazas de muerte por parte de un grupo de reclusos que se encuentran bajo el mando del señor Lauro Núñez Pacheco, denominado bastonero general. Refirió que el miércoles 11 de enero de 1995, en el interior del Centro hubo un muerto, que fue mandado asesinar por el señor Lauro Núñez, y que desde entonces este bastonero general amenazó nuevamente a su esposo -Felipe- diciéndole que "seguía su cabeza". Además de esta llamada telefónica, la señora Belén Espinosa llamó nuevamente a este Organismo Nacional los días 31 de enero, 15 de febrero y 20 de febrero, todos de 1995, solicitando que se preservara la integridad física de su esposo, ya que continuamente estaba siendo amenazado de muerte por el bastonero general. D. El 19 de enero de 1995, el Tercer Visitador General de esta Comisión Nacional, mediante oficio número 1466, solicitó al Director del Centro de Readaptación Social que, como medida precautoria, girara las instrucciones necesarias para garantizar la integridad física del interno Felipe Isaac García Álvarez, y que éste fuera ubicado en el área de máxima seguridad. También le solicitó que se realizara una investigación entre la población reclusa con el fin de determinar si otras personas habían sido víctimas o amenazadas por este grupo de bastoneros (en la evidencia 5, inciso ii, se explica quiénes son y qué funciones desempeñan) y que, en su caso, se efectuaran los traslados a otros penales a fin de desintegrar a este grupo de internos y así garantizar la seguridad del resto de los reclusos. E. Al no obtenerse respuesta escrita por parte del funcionario de que se trata, se solicitó otra medida cautelar por medio del oficio 2152, de fecha 26 de enero de 1995, y en diversas fechas se le reiteró dicha solicitud mediante cuatro llamadas telefónicas. Respecto de la medida cautelar indicada, el Director manifestó por vía telefónica que la aceptaba, pero no ha informado de su cumplimiento. F. Mediante oficio TV/92/95, de 17 de febrero de 1995, se solicitó al Secretario General de Gobierno del Estado, licenciado Antonio Echeverría Domínguez, información sobre la situación jurídica del interno Santos García Álvarez, ya que el quejoso refería que tenía auto de libertad desde el 12 de agosto de 1994, por habérsele concedido el amparo en el proceso 8/90 por el que ingresó al penal en el año Con fecha 20 de febrero de 1995, el mismo funcionario remitió a esta Comisión Nacional -vía fax- copia de la sentencia recaída en el recurso de apelación interpuesto por Javier Díaz Magaña e Isaac García Álvarez, sentenciados en el mismo proceso que Santos García Álvarez, en contra de la resolución definitiva dictada por el juez en el proceso 76/81. En la referida sentencia de segunda instancia, dictada en el Toca penal 64/82, se resolvió la modificación de la sentencia y se absolvió de varias de las acusaciones a los apelantes, pero que se dejó "la causa abierta a Santos García Álvarez" por varios delitos. G. Esta Comisión Nacional consideró que la información antes indicada era imprecisa, por lo que el mismo día 20 de febrero de 1995 se solicitó por vía telefónica al Director del 3

4 Centro de Readaptación Social "Venustiano Carranza" que, si existían mayores datos, complementara la información requerida. Los días 22 al 30 de junio del año en curso, se recibió esa información durante la visita que realizaron visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional al Centro de Readaptación Social. En atención a los hechos descritos, de acuerdo con los lineamientos de esta Comisión Nacional para la supervisión de centros de reclusión, el seguimiento de recomendaciones y la atención de quejas, visitadores adjuntos de este Organismo Nacional se presentaron en el referido Centro de reclusión los días 11 al 13 de enero, 28 y 29 de marzo, y del 22 al 30 de junio de 1995, con el objeto de realizar el seguimiento de la Recomendación 20/92 y conocer sobre la queja mencionada, así como para conocer las condiciones de vida de los internos, verificar la situación de respeto a sus Derechos Humanos y revisar la organización y el funcionamiento del establecimiento, y recabaron las siguientes: II. EVIDENCIAS En este caso las constituyen: 1. Sobre la Recomendación 20/92 i) En la visita del 11 al 13 de enero de 1995, el Director del Centro, licenciado Marco Antonio Navarro Ortega, aseguró que la Recomendación 20/92 se cumpliría cuando se concluyera la construcción del nuevo centro de readaptación social; que la entrega de la obra había estado programada para diciembre de 1994, pero que no se había realizado dentro de plazo por razones que el informante ignoraba, y que no sabía cuándo se entregaría. ii) Durante esa visita se comprobó que no se habían realizado adecuaciones ni acondicionamientos sustanciales al establecimiento a fin de mejorar la calidad de vida de la población reclusa; sin embargo, en la última visita se observó que fue remodelada y ampliada el área médica. Se construyó un nuevo dormitorio con capacidad para 64 internos; en cada una de las celdas de ese dormitorio se instalaron tres literas dobles, por lo que se incrementó la capacidad del establecimiento, de 856 a 920 camas. El día de la última visita la población interna era de 2000 reclusos, por lo que en esa fecha el porcentaje de sobrepoblación era del 117%. Se halló que en las celdas previstas para albergar a 4 personas, en la actualidad alojan entre 8 y 12 presos, en diferentes situaciones jurídicas y que no existe separación entre procesados y sentenciados. 2. Area de término constitucional i) El Director informó que el Reglamento Interno no prevé la existencia de esta área, y que sin embargo ella existe con el nombre de "área de ingreso"; que se localiza en la parte baja del área de gobierno; que es conocida también como "el pozo" y únicamente alberga a varones. Señaló la misma autoridad que las mujeres que se encuentran en el término constitucional de 72 horas ingresan directamente a la sección femenil. Expresó también que a todas estas personas, desde el momento de ingreso, se les proporciona alimentación, servicio médico y se les facilita la comunicación con sus familiares y defensores, a través de barandilla y por teléfono público. 4

5 ii) Se observó que el área de ingreso antes referida, destinada a varones, cuenta con veintitrés celdas individuales, un pasillo y un área central en donde se encuentra un pequeño comercio y dos casetas telefónicas. En algunas de las celdas habitan internos conocidos como bastoneros y otros reclusos procesados o sentenciados que, según expresó el Director, son considerados por las autoridades como población en riesgo, ya que fueron funcionarios o policías, razón por lo cual su integridad física corre peligro. 3. Consejo Técnico Interdisciplinario i) El Director informó que el Consejo Técnico Interdisciplinario está integrado por él mismo, que lo preside, y por los jefes de las áreas jurídica, psiquiátrica, laboral, educativa, de trabajo social y de seguridad y custodia. Señaló que este órgano colegiado sesiona cada mes o mes y medio, y que su función es analizar los casos de los reclusos propuestos para beneficios de ley. Agregó el mismo funcionario que el Consejo Técnico Interdisciplinario no decide la ubicación de los internos y no interviene en la imposición de sanciones a los mismos, ya que de acuerdo con el Reglamento el único facultado para imponerlas es el Director. En la copia simple del "Acta de Consejo Interdisciplinario Número Dos", del 19 de mayo de 1995, que fue entregada por el Director a los visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional, se asienta que en tres horas se analizaron cuarenta y dos propuestas de internos para la aplicación de beneficios de libertad. No se señala que se hayan tratado otros aspectos de interés general de la Institución. 4. Seguridad jurídica i) Normatividad que rige al Centro Durante la primera visita realizada al Centro de Readaptación, el Director mencionó que el Reglamento del Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza - así llamado porque correspondía al nombre anterior del establecimiento- resultaba "inoperante ante las condiciones y necesidades actuales del Centro", y que en el penal se realizan, en forma extraoficial, "adecuaciones" a dicho ordenamiento, basadas en costumbres, reglas y prácticas de los reclusos; que algunas de estas adaptaciones han sido heredadas de la misma práctica penitenciaria y otras derivadas de la tradición cultural huichola, en lo referente a la organización de las tareas que involucran a un colectivo, y que en la estructura interna estas "adecuaciones" se manifiestan en la designación de algunos reclusos para que desempeñen los cargos de bastoneros. Al respecto, los internos confirmaron lo dicho por el Director y agregaron que no se difunde el reglamento oficial del Centro entre los internos, el personal ni los visitantes. ii) Sanciones disciplinarias El Director informó que de acuerdo al reglamento que rige al Centro, él es el responsable de aplicar las sanciones disciplinarias a los internos y que la intervención del Consejo Técnico Interdisciplinario no está regulada en ese documento. 5

6 Los internos manifestaron que si cometen algún acto de indisciplina se les aplica, sólo en casos extraordinarios, una medida de aislamiento en una celda denominada "la loba". Refirieron que esta celda, que se localiza en el edificio destinado a la visita íntima, se habilitó en el espacio que hay abajo de las escaleras; que mide 3 metros cuadrados aproximadamente y está provista sólo de taza sanitaria; que la ventilación proviene de la reja de acceso; que no cuenta con otro tipo de ventilas debido a su ubicación bajo la escalera, y que la iluminación es artificial. El día de la visita, esta celda se halló deshabitada. El jefe de seguridad y custodia del Centro informó que los bastoneros apoyan a los custodios en el control de la disciplina de la población interna, ya que ellos dan aviso al personal de seguridad sobre las faltas cometidas por los reclusos. Expresó que posteriormente, el Director es quien por lo general amonesta a los indisciplinados, los cambia de celda o, en ocasiones, les suspende la visita familiar y en caso extremo los aísla. iii) Area jurídica En las visitas realizadas los días 22 al 25 y 28 al 30 de junio, se revisaron alrededor de cincuenta expedientes jurídicos de los reclusos y se halló que la mayoría de éstos contenían el auto de formal prisión; en el caso de los condenados, las sentencias de primera y de segunda instancia, y también en algunos casos, las resoluciones de los amparos. Se observó que los expedientes no cuentan con informes sobre la situación jurídica actualizada de los internos -partida jurídica-; tampoco se incluyen estudios técnicos ni actas sobre sanciones administrativas impuestas. Por otra parte, se halló que la documentación ha sido integrada a los expedientes sin seguir ningún orden lógico. Durante la visita del mes de enero, al tratar de verificar los ingreso y egresos, así como los antecedente penales de los reclusos, las autoridades del Centro no pudieron mostrar los libros o registros de los años anteriores a 1990, ya que no los encontraron. El Director refirió que el archivo jurídico del Centro es el único registro de la situación jurídica de toda la población reclusa y que la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado no ha tomado las medidas necesarias para contar con su propia documentación, indispensable para la ejecución de las penas de los internos del fuero común. Durante las visitas los internos afirmaron desconocer los requisitos para la obtención de beneficios de ley, así como la situación jurídica en que se encuentran. Manifestaron también que en el área jurídica del Centro no se les proporciona información ni a ellos ni a sus familiares. 5. Gobernabilidad i) Personal El Director del Centro informó que el establecimiento cuenta con personal en las áreas jurídica, técnica, administrativa y de seguridad y custodia. 6

7 En relación con el personal de seguridad y custodia, el mismo funcionario refirió que hay un total de 126 elementos, distribuidos en dos grupos que cubren turnos de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso. Señaló que del total de este personal, 11 son mujeres, quienes se responsabilizan de las revisiones a las mujeres visitantes. El Jefe de Seguridad y Custodia expresó que las revisiones a los visitantes se efectúan superficialmente, y que sólo cuando hay sospechas de que introducen sustancias prohibidas se les pide que se despojen y muestren su ropa interior, debido a que no están permitidas las revisiones exhaustivas. ii) Autogobierno El Director del Centro informó que desde que asumió el cargo en el mes de agosto de 1993, removió al anterior grupo de bastoneros porque extorsionaban y amedrentaban a los presos, por lo que nombró a un nuevo grupo de aproximadamente 15 internos, de entre los cuales designó a uno como bastonero general -Lauro Núñez Pacheco- para ser el enlace con las autoridades del Centro. Señaló que los bastoneros se encargan de vigilar el orden y la disciplina de la población reclusa, supervisar que se lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento del establecimiento, tramitar audiencias y permisos de los internos con la autoridad y recabar las cooperaciones económicas para mejoras de los dormitorios. La población interna manifestó que los bastoneros también imponen sanciones menores, que consisten en cambios de celda o asignación de la fajina o aseo. Durante la última visita, el Director informó que quince días antes había reingresado el señor Juan Lleras, el cual en el año de 1992 fue bastonero general; que durante el tiempo que este recluso estuvo al frente del grupo existió corrupción y extorsión, y que esto lo sabía el informante porque en los años 1991 y 1992 también fue Director del Centro. Comentó que el interno ha hecho esfuerzos por recuperar el puesto de bastonero general, pero que su presencia entre la población general provocaría conflictos, razón por la cual optó por ubicarlo en el área de máxima seguridad. 6. Corrupción Los internos se quejaron de que el bastonero general y su grupo realizan cobros por la concesión y traspaso de comercios, y que los precios de los artículos que se expenden en las tiendas del penal son más altos que los que prevalecen en el exterior. Los visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional pudieron comprobar que estos precios son aproximadamente 20% más elevados que los del mercado externo. Durante la visita de enero, un interno manifestó que por el traspaso de un comercio, el bastonero general señor Lauro Núñez Pacheco le solicitó N$5, (cinco mil nuevos pesos 00/100 M. N.), pero que como no tenía dinero suficiente, él sólo le entregó $2, (dos mil quinientos nuevos pesos 00/100 M.N.). Agregó que por ese motivo Lauro Núñez le dijo, con amenazas y una actitud agresiva, que perdería el comercio y el dinero que ya había entregado. Al respecto, el Director aseveró que desconocía tales arreglos entre los internos y que lo aclararía con el bastonero general. En la última visita 7

8 no se recibieron quejas en relación con cobros indebidos o extorsiones por parte de los bastoneros. Los reclusos informaron también que en el interior del establecimiento se venden aparatos electrodomésticos con la aprobación de los bastoneros, y el Director expresó que esto se realiza con su autorización. Sin embargo, los internos manifestaron que las autorizaciones las otorga el área de seguridad y custodia. 7. Otros servicios El Director informó que en el área de gobierno hay un teléfono desde el que se permite a los internos hacer llamadas en un horario que va desde las 17:00 hasta las 20:00 horas, para lo cual deben solicitar autorización por conducto del bastonero general; esto fue corroborado por los reclusos. Los visitadores adjuntos observaron que un interno efectuó una llamada fuera del horario establecido y que le dio una "propina" al estafeta que le informó que la llamada había sido autorizada. Las internas no cuentan con teléfono en su área y requieren solicitarlo -al igual que los varones- a las autoridades. 8. Area Femenil i) Se observó que esta área está conformada por diez celdas, cada una con capacidad para cuatro personas y provista de cuatro camas, taza sanitaria y toma de agua. El día de la visita había una población de 42 internas. ii) El coordinador del área educativa, que es un interno, informó que en las actividades educativas las reclusas cuentan con el apoyo de una maestra promotora del INEA, que asiste una vez a la semana; 20 internas están inscritas en los cursos de alfabetización y de primaria, lo que significa que el 52.38% de las reclusas no participan en las actividades educativas. iii) Las internas refirieron que existe un taller de corte y confección al cual asisten 2 de ellas, y que el resto elabora tejidos y manualidades de macramé. Al respecto, comentaron que falta apoyo de parte de las autoridades para actividades productivas en las que pudieran obtener algún ingreso económico. iv) Parte de la población femenil manifestó su inconformidad en relación con la alimentación, ya que las raciones que les dan son las "sobras" que quedan después que han comido los internos varones, y por lo tanto son muy escasas. Algunas reclusas expresaron que por tal motivo ellas prefieren elaborar su propia comida; agregaron que cada tercer día les surten de agua potable, la cual es insuficiente. v) También solicitaron que se les apoye para contar con un teléfono en su área. vi) Los visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional, en entrevista con las reclusas y con la doctora Irasema Jacobo, del servicio médico del Centro, tuvieron conocimiento de que hay 10 internas que se encuentran embarazadas, quienes señalaron que reciben 8

9 atención médica y los medicamentos necesarios. Las reclusas referidas manifestaron inquietud por el destino de sus hijos, ya que las autoridades sólo permiten la permanencia de los menores durante los seis primeros meses. El Director comentó que se le permite a la interna amamantar a su bebé hasta los seis meses de edad, lapso que se utiliza para localizar a algún familiar que se pueda hacer cargo del menor; cuando esto no es posible, el niño es canalizado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal. 9. Investigación de la queja i) En relación con la queja recibida en esta Comisión Nacional el 14 de julio de 1994 y referida en el inciso "B" del capítulo de "HECHOS" de la presente Recomendación, personal de este Organismo Nacional entrevistó a los internos Felipe Isaac y Santos García Álvarez, quienes ratificaron lo expresado por sus respectivas esposas, pero indicaron que habían cesado las amenazas y los malos tratos. Por lo que respecta a la situación jurídica de los internos Felipe Isaac y Santos García Álvarez, a que se refiere la queja señalada, la licenciada Norma Angélica Rea Bernal, quien expresó ser la responsable del área jurídica del Centro, informó que ambos estaban compurgando sentencias por el delito de secuestro, pero que en el caso de Santos García Álvarez no se contaba en el establecimiento penitenciario con la sentencia condenatoria ni con los antecedentes de otros procesos a los que estuvo sujeto. En la revisión de los expedientes jurídicos de Felipe Isaac y de Santos García Álvarez se encontró que no estaban incluidos los antecedentes penales ni ningún documento que precisara su situación legal actualizada, y tampoco aparecían los estudios técnicos, el examen médico de ingreso ni los reportes de conducta. Cuando los visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional solicitaron a las autoridades del Centro la información que faltaba, éstas sólo refirieron de manera verbal los delitos por los que los reclusos de que se trata estaban privados de su libertad; en el caso del señor Santos García Álvarez no pudieron acreditarlo por medio de documentos ni tampoco en el libro de ingresos. Ante esta situación, tanto el Director como la responsable del área se comprometieron a solicitar al Juez de la causa la documentación necesaria y remitirla a esta Comisión Nacional, y finalmente sólo entregaron una partida jurídica o resumen de la situación legal del señor Felipe Isaac García Álvarez, elaborada expresamente para los visitadores adjuntos. ii) Caso de Felipe Isaac García Álvarez Al ser entrevistado, el interno manifestó que su primer ingreso al Centro de Tepic fue el 31 de diciembre de 1980; que fue sentenciado a veinte años de prisión por el delito de secuestro, en el proceso número 76/81; que en la apelación le redujeron la pena a quince años, y que salió libre el 6 de junio No pudo aclarar si recibió un beneficio de ley por dicho ilícito o si se le redujo la pena por algún juicio de amparo. Agregó que reingresó al penal el día 5 de enero de 1990, acusado del delito de secuestro o plagio en el 9

10 proceso 8/90; que se le impuso una pena de veintidós años de prisión; que posteriormente en la apelación fue reducida a veinte años, en el Toca penal 143/91, y que en el amparo se le redujo a quince años, de los que ha compurgado cinco. En su expediente jurídico se corroboró parte de lo anterior, pero se comprobó que en realidad se encuentra condenado a 36 años de prisión. También se pudo comprobar que estuvo sujeto a los procesos penales 7/90, 109/91, 235/91 y 231/92. En relación con la causa 76/81, no existen los datos relativos a su salida en el año de iii) Caso de Santos García Álvarez Durante la visita de enero se entrevistó al interno, quien refirió que estaba compurgando una pena por el delito de secuestro que corresponde al proceso 76/81; que ingresó al Centro en el año de 1981, se fugó a los 8 meses de reclusión y reingresó en 1990, acusado de otro delito de secuestro; agregó que en otros procesos que se le siguieron "quedó libre", por lo que contrató a un abogado particular para que aclarara su situación, ya que las autoridades del Centro no le han podido dar información. En la documentación revisada consta la fecha de ingreso y que el recluso llegó al penal por el delito de secuestro el día 6 de febrero de 1990, aunque no está el auto de formal prisión ni la sentencia. Además, se verificó que este interno también estuvo procesado en el Centro por las causas 8/90, 35/90 y 109/91, de los cuales quedó absuelto. En la causa 35/90, el día 2 de agosto de 1994 se le concedió la libertad a través de un juicio de amparo relacionado con el Toca penal 577/93 y se envió la boleta de libertad el mismo día. iv) Durante la visita del mes de enero del año en curso, no se encontró documentación relativa al proceso 76/81, ni tampoco el registro de ingreso, ya fuera por auto de formal prisión o por sentencia condenatoria dictada en ese proceso. Por lo anterior, esta Comisión Nacional, con fecha 19 de enero de 1995, solicitó al Director del Centro la medida cautelar referida en el punto "D" del capítulo de "HECHOS" de la presente Recomendación, a fin de que integrara la documentación que acredita la situación jurídica del interno Santos García Álvarez y, al no obtener respuesta, solicitó una nueva medida precautoria mediante oficio 2152, de 26 de enero de 1995, según se expresa en el punto "E" del capítulo de "HECHOS". v) En el mes de abril de 1995 se recibió en este Organismo Nacional copia fotostática de la sentencia de segunda instancia dictada en el proceso 76/81, en la que se hace constar la pena privativa de libertad de 20 años por los delitos de amenazas, asalto, secuestro, robo con violencia, y asociación delictuosa, impuesta a Santos García Álvarez. vi) Durante la visita realizadas al Centro los días 22 a 30 de junio de 1995, el Director y la licenciada Maria Luisa Hernández Martínez, asesora jurídica, aportaron la documentación completa del interno. El Director informó que cumplió con las medidas cautelares solicitadas por este Organismo Nacional, pero que ignora por qué la Secretaría General de Gobierno no informó por escrito a la Comisión Nacional. 10

11 En el mes de junio del año en curso se entrevistó de nuevo a los quejosos, quienes corroboraron que el Director sí les brindó protección a raíz de las medidas cautelares que se solicitaron. III. OBSERVACIONES Por lo anterior, se han comprobado anomalías que constituyen violaciones a los Derechos Humanos de los internos y a las disposiciones legales y principios que emanan de las normas internacionales que en cada caso se indican: a) De lo establecido en la evidencia 1, inciso ii, se desprende que las remodelaciones y adecuaciones realizadas en el Centro son insuficientes, por lo que subsisten la sobrepoblación y el hacinamiento, lo que genera condiciones de vida poco dignas para los internos. Lo anterior contraviene los artículos 51 y 64 del Reglamento del Centro de Readaptación Social "Venustiano Carranza" del Estado de Nayarit, que establecen respectivamente que se distribuirá a los internos en los dormitorios conforme a los criterios de clasificación que se adopten, y que en ningún dormitorio se deberá alojar a mayor número de personas que el que corresponda a su capacidad. Los hechos señalados en la evidencia 1, inciso i, violan también las Reglas 9.1 y 10 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas, que establecen que las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo interno y que los locales destinados a los reclusos deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación, y vulneran el principio 1 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que establece que dichas personas serán tratadas humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Los principios y reglas internacionales citados, aprobados por la Organización de las Naciones Unidas, al quedar reconocidos como criterios fundamentales para el tratamiento de los reclusos, informan el derecho consuetudinario internacional, por lo que son fuente de derecho, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas. b) De la evidencia 1, inciso ii, se desprende que la sobrepoblación existente impide la separación entre procesados y sentenciados, lo que transgrede lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 18 constitucional y en el artículo 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, del Estado de Nayarit, que disponen que el sitio en que se cumpla la prisión preventiva será distinto al destinado a la extinción de las penas. Respecto de la ubicación de los internos dentro de los centros penitenciario y en los diferentes establecimientos, esta Comisión Nacional elaboró un documento denominado "Criterios para la clasificación de la población penitenciara", en el que propone principios ético-jurídicos y organizativos apropiados para realizar la ubicación de los internos. Dicha propuesta se envió oportunamente a las autoridades penitenciarias estatales, incluyendo las del Estado de Nayarit. c) La evidencia 2 inciso ii, destaca que en el área de ingreso no existe la debida separación entre las personas de reciente ingreso y aquéllas que están procesadas o sentenciadas. La población que se encuentra dentro del término constitucional de 72 11

12 horas deberá agruparse en un área especial dentro de la institución, completamente separada de las destinadas a los internos en reclusión, sean éstos procesados o sentenciados, debido a que propiamente no forman parte de la población penitenciaria. d) De la evidencia 3, inciso i, se desprende que el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro se encuentra debidamente integrado, pero que en la práctica se limita a analizar casos de libertad anticipada para emitir opinión al respecto. Llama la atención que, como se establece en la evidencia 3, inciso i, el análisis de cuarenta y dos casos propuestos para la obtención de beneficios de ley se haya realizado en sólo tres horas, lo que significa que, en promedio, cada uno fue atendido en un tiempo inferior a cinco minutos. Esta situación resulta preocupante, toda vez que las decisiones que determinan la reclusión o libertad de una persona no pueden ser objeto de un análisis superficial. Por otra parte, cabe señalar que las facultades del Consejo no se limitan a las de analizar los casos en que se pueden otorgar beneficios de ley, sino que, de conformidad con lo que disponen los artículos 9 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, del Estado de Nayarit, y 98 del Reglamento del Centro de Rehabilitación Social "Venustiano Carranza", este órgano debe promover y coordinar las actividades en sus respectivas áreas de competencia. En la práctica, tales funciones deben traducirse en promover y coordinar las actividades educativas; organizar la prestación de los servicios de atención a la salud física y mental de los internos y, en general, participar en organización y conducción de la vida dentro establecimiento. El hecho de que las instituciones de reclusión cuenten con un órgano colegiado interdisciplinario permite asegurar el estricto apego a los principios de legalidad y evitar que el Director determine, en forma autónoma, aspectos generales de la vida institucional y en particular de las de los internos. El hecho de que el Consejo Interdisciplinario no ejerza la mayoría de las funciones que le están encomendadas, le resta eficiencia a la dirección del Centro, afecta la buena marcha del establecimiento y es violatorio de las normas jurídicas citadas más arriba. e) Lo establecido en la evidencia 4, inciso i, en cuanto a la falta de información a internos, personal y familiares sobre el contenido del Reglamento del Centro, contraviene lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados en el Estado de Nayarit, y 65 del propio Reglamento del Centro, que señalan que se debe informar a cada interno, en forma detallada, sobre sus derechos, deberes y respecto al régimen general de vida en la institución, y que tal información puede darse mediante instructivos escritos o verbalmente. Por otra parte, el hecho de que el Reglamento se considere obsoleto, no justifica que se pueda modificar de hecho mediante "adecuaciones", pues tal situación vulnera principios básicos del Estado de Derecho y, además, atenta contra la seguridad jurídica de los internos, puesto que un Reglamento no escrito, basado en "prácticas" y "costumbres" no puede reunir las condiciones de certeza y publicidad indispensables para garantizar dicha seguridad. Por ello, esta Comisión Nacional considera que lo apropiado es modificar dicho Reglamento en la forma que proceda, a fin de que el mismo responda a la realidad actual, a las necesidades de los internos y a sus tradiciones culturales -siempre que éstas no se opongan a la legislación mexicana- y conste en un instrumento jurídico aprobado conforme a Derecho. 12

13 f) De la evidencia 4, inciso iii, se concluye que en el Centro no se cuenta con el registro ni la documentación jurídica imprescindible en los expedientes de los internos; además, que las autoridades del penal no informan a los reclusos sobre su situación legal actual, lo que vulnera la seguridad jurídica de los presos y lo establecido en los artículo 15, fracciones XII y XXI, y 20, fracciones III, V, VI y VII, del Reglamento del Centro de Rehabilitación Social "Venustiano Carranza", que establecen como obligaciones del Director las de controlar y llevar cuenta exacta de la entrada y salida de internos y de las disposiciones de las autoridades a que se encuentren sujetos; de escuchar problemas y quejas de los reclusos y de sus familias. Las normas jurídicas referidas, y que disponen que se llevará un estricto control de la entrada y salida de internos por medio de un libro o los que sean convenientes y necesarios; que se formará un expediente de cada interno, en el que se consignarán entre otros documentos, la ficha penitenciaria y las copias certificadas del auto de formal prisión, de las sentencias de primera y de segunda instancia, de los amparos en caso de que los haya, y la actualización semestral de los estudios y tratamientos médicos, estudios socioeconómicos y de salud física y mental. g) De la evidencia 5, inciso ii, se desprende que el Director del Centro confirió a un grupo de internos funciones de autoridad y mando sobre de sus compañeros, lo que contraviene lo señalado en el artículo 10, párrafo segundo, de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados del Estado de Nayarit, que dispone que ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad o ejercer dentro del establecimiento, empleo o cargo alguno; asimismo, viola el artículo 53 del Reglamento del Centro de Rehabilitación Social "Venustiano Carranza", que expresa que ningún interno podrá desempeñar cargo de autoridad, y el numeral 28, inciso 1, de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por la ONU, que señala que ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un empleo que permita ejercer una facultad disciplinaria. El autogobierno o ejercicio de la autoridad por parte de los internos en un centro penitenciario, es una práctica viciosa que da origen a todo tipo de abusos, corrupción, privilegios y degradación de los reclusos, menoscaba la autoridad de los funcionarios penitenciarios y por ende la seguridad jurídica de los internos, que estos mismos funcionarios deben garantizar. Es particularmente grave que después de 3 años de haberse emitido la Recomendación 20/92, se mantenga la negligencia de las autoridades a este respecto y subsistan los vicios señalados. h) En la evidencia 6, inciso i, resalta el hecho de que los precios de los productos que se venden en los comercios establecidos en el interior del Centro exceden en alrededor de un 20% a los que se cobran en el exterior, lo que afecta significativamente el poder adquisitivo de una población que se encuentra en desventaja y con necesidades imperiosas de adquirir una serie de productos que de otra manera no puede obtener. Los internos son consumidores cautivos, por lo que la práctica de cobrar precios excesivamente elevados constituye un abuso por parte de quienes están medrando en beneficio propio. Lo anterior vulnera lo establecido en el artículo 54 del Reglamento del Centro de Rehabilitación Social "Venustiano Carranza", que dispone que la tienda que funcione en el establecimiento se controlará directa y exclusivamente por la Dirección y que el producto de ella se invertirá en mejoras del lugar, y en el artículo 7 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por la ONU, que estipula que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán 13

14 ningún acto de corrupción, se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán. i) De lo establecido en la evidencia 7, inciso i, se concluye que el servicio telefónico es insuficiente para la población interna, ya que la comunicación con el exterior es fundamental para que las personas privadas de la libertad no pierdan contacto con el exterior. Por tal motivo, es indispensable que todas las instituciones carcelarias provean a la población reclusa de los medios idóneos para que se mantenga dicho contacto. Al respecto, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por la ONU, establecen en su numeral 37 que "los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familia y con amigos...". Sobre el particular, esta Comisión Nacional considera que la institución de reclusión debe asumir la obligación de proporcionar los medios necesarios para que los reclusos mantengan los vínculos familiares que les permitan facilitar su reincorporación a la sociedad. j) La evidencia 8, incisos ii y iii, demuestra la insuficiencia de alternativas educativas y laborales para la población femenil del Centro de Readaptación Social "Venustiano Carranza", puesto que sólo se le brinda acceso a cursos de alfabetización y de primaria que se imparten una vez por semana, y que las propias internas deben tomar las iniciativas para crear fuentes de trabajo que les permitan obtener ingresos para su sostenimiento y el de sus familias. Lo anterior infringe el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados en el Estado de Nayarit, que disponen que el sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación; viola también el artículo 9 del Reglamento del Centro de Rehabilitación Social "Venustiano Carranza" del Estado de Nayarit, en el que se dice que "El establecimiento creará talleres y centros educativos para el efecto de preparar el personal de internos, contando con un responsable y el personal necesario para su función". k) El hecho de que algunas de las reclusas prefieran elaborar su propia comida, debido a que las raciones alimenticias que se les proporcionan son muy escasas y que, además, el agua que reciben sea insuficiente (evidencia 8, inciso iv), constituyen infracciones a los principios que emanan de los numerales 20.1 y 20.2 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por la ONU, que señalan respectivamente que "... todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas" y que "Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite". Las demandas formuladas por las reclusas en este sentido deben ser atendidas por las autoridades penitenciarias, sobre todo si se considera que en el área habitan internas embarazadas que requieren de una adecuada alimentación que contenga nutrientes suficientes en cantidad y calidad. 14

15 l) Tal como lo establece la evidencia 8, inciso vi, las internas embarazadas manifiestan su preocupación por el futuro de sus menores hijos después del parto, ya que las autoridades sólo permiten que éstos permanezcan con sus madres hasta los seis meses de edad. Sobre el particular cabe tener presente que el principio 6 de la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU, señala que "El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres... [y] salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre..."; El artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU y ratificada por México, dispone lo siguiente: "Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño....". Por su parte, el artículo 3º, inciso 1, de la Convención referida, dispone que: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Por lo que se refiere a la permanencia de los hijos menores con sus madres reclusas, esta Comisión Nacional considera que tal medida es un avance fundamental en la vida penitenciaria. Independientemente de que en cada caso particular se deberá resolver lo que resulte más favorable al menor, el hecho mismo de permitir su convivencia con la madre muestra que se ha superado la concepción que consideraba que, a diferencia de la vida en libertad, la reclusión implica un ambiente donde existen rasgos sociopáticos, en el que necesariamente los menores estarían expuestos a condiciones nocivas para su salud mental, concepción contraria al principio de normalidad del interno. Para determinar la estancia de los menores conviviendo con sus madres dentro del establecimiento penitenciario, se deberá atender al interés superior del niño, previa regulación en la normatividad interna del Centro o en la ley ejecutiva penal, en la que se deberá incluir que los niños podrán participar en las diversas actividades que se establezcan en el penal, como las deportivas, culturales y demás servicios que se dispongan, de acuerdo con su edad y nivel escolar. m) La evidencia 9 permite establecer que se han resuelto los hechos que motivaron la queja. En efecto, según declararon los quejosos, cesaron los malos tratos y las amenazas de que los hacían víctimas bastoneros (evidencia 9, inciso i); después de varios meses y debido a la insistencia de esta Comisión Nacional, se aclaró la situación jurídica de dos reclusos quejosos (evidencia 9, incisos ii, iii, v y vi); se comprobó que se habían aplicado las medidas precautorias solicitadas por este Organismo Nacional (evidencia 9, inciso vi). 15

16 Por lo expuesto, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos se permite formular a usted, señor Gobernador, respetuosamente, las siguientes IV. RECOMENDACIONES PRIMERA. Que se concluyan, en un plazo mínimo, las obras del establecimiento que ocupará el nuevo Centro de Readaptación Social de Tepic, Nayarit. SEGUNDA. Que se ubique en sitios completamente separados a las personas de reciente ingreso, a los internos procesados y a los sentenciados. Que se instrumente un programa de ubicación de los internos que tome en cuenta el contenido del documento "Criterios para la clasificación de la población penitenciaria", elaborado por esta Comisión Nacional. Asimismo, que una vez puesto en funcionamiento el nuevo Centro de Tepic, a partir de ese programa se asigne a los reclusos a los distintos dormitorios y a las diferentes áreas dentro de éstos. TERCERA. Que el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Readaptación Social cumpla total y plenamente las funciones que le han sido atribuidas por la legislación vigente. CUARTA. Que el Ejecutivo del Estado modifique el Reglamento del Centro de Rehabilitación Social "Venustiano Carranza" de acuerdo con las necesidades actuales del Centro; que este ordenamiento se ajuste a la legislación nacional y estatal aplicable, y que en especial regule las funciones y atribuciones del Consejo Técnico Interdisciplinario y particularmente su participación en la organización de la vida del Centro y en la aplicación de sanciones. Asimismo, que el Reglamento actual y posteriormente el nuevo que se expida, se difundan sistemáticamente entre los trabajadores del establecimiento, los internos y sus visitantes. QUINTA. Que la Secretaría General de Gobierno del Estado efectúe una auditoria de los registros y de los expedientes jurídicos de los internos del Centro de Readaptación Social "Venustiano Carranza", a fin de verificar la manera en que están integrados, y que estos documentos se completen debidamente con la ficha penitenciaria, las copias certificadas del auto de formal prisión, de las sentencias de primera y de segunda instancia y de los recursos de amparo en caso de que los haya; que se agreguen los estudios y tratamientos médicos, estudio general de salud física y mental, estudio socioeconómico y actualización semestral de cada interno. Además, que se informe a los internos sobre su situación jurídica. SEXTA. Que las autoridades estatales asuman plenamente el gobierno del Centro y realicen las funciones de organización, vigilancia y supervisión del establecimiento; que revoquen todas las funciones de autoridad conferidas a los internos llamados bastoneros y a cualesquiera otros. SEPTIMA. Que se vigile permanentemente que los precios de los productos que se venden en los comercios del interior del Centro de Readaptación Social "Venustiano Carranza" sean acordes con los vigentes en el exterior. 16

Sitemap